A un policía penitenciario, de apellidos Pacheco Loaiza, le abrieron un expediente penal y administrativo porque es sospechoso de intentar llevarle celulares y drogas a reos.

Pero también un chofer y otros cinco oficiales estarán metidos en broncas similares.

El caso de Pacheco se habría dado en el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, en San Rafael de Alajuela (a la par de La Reforma).

El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, dijo que tenían información sobre la supuesta manera de actuar del funcionario, por lo que le dieron seguimiento y lo detuvieron este lunes en la noche.

El oficial pidió permiso para ir en su carro a comprar comida y cuando regresó por el puesto uno del centro penal, le dijeron que debían revisarlo, pero al parecer él no le hizo caso a sus compañeros de trabajo.

En ese momento fue detenido y le encontraron siete celulares, ocho cargadores, once chips para teléfono, cuatro cables USB y un manos libres. Además de seis envoltorios con aparente cocaína, con un peso aproximado de 152,95 gramos, dos envoltorios con aparente pasta de crack con un peso aproximado de 42,35 gramos y 290 pastillas psicotrópicas (clonazepam), informó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia.

Pacheco es funcionario del Ministerio de Justicia desde marzo del 2016.

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Chofer detenido

Además, las autoridades detuvieron a un chofer de la Unidad de Admisión Pablo Presbere, en Pérez Zeledón, porque llevaba en su carro cuatro celulares que no reportó.

Estos iban en los compartimentos de las puertas delanteras y del freno de mano.

También otros cinco agentes policiales que entraron este lunes al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (La Reforma), Alajuela, con celulares que no reportaron durante el cambio de guardia, fueron remitidos con un informe al Departamento Disciplinario Legal.

El subdirector de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, dijo que entre el 2016 y el 2019, 77 funcionarios de Adaptación Social fueron sometidos a procesos administrativos al vincularlos con el ingreso irregular de teléfonos o accesorios en centros penitenciarios.

De esos funcionarios, 17 fueron despedidos por faltas graves, mientras que a otros 30 los suspendieron por faltas laborales en las que no medió la intención de cometerlo.

“Como institución seguimos manteniendo una posición clara y firme de cero tolerancia a los actos de corrupción”, agregó Bertozzi.

Señalaron que continuarán con estos seguimientos contra funcionarios y presos. Además, se espera que en abril próximo se dé el bloqueo de la señal celular en todos los centros penales del país para así ponerle punto final a ese problema.