El Ministerio Público tiene la obligación de investigar cualquier denuncia relacionada con posibles abusos de autoridad o torturas, sin importar que las presuntas víctimas sean personas que cumplen una condena en prisión.
Así lo explicó Carlo Díaz, fiscal general de la República, al referirse a la visita que realizaron varias autoridades este viernes 13 de noviembre al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO).
“Si hay alguna persona que se menciona que está sufriendo tortura o fue víctima de un abuso de autoridad, nosotros lo tenemos que investigar, esa es nuestra función propia”, recalcó Díaz.
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El jerarca del Ministerio Público también explicó que la Ley Orgánica de la institución, en su artículo 6, establece la facultad que tienen los fiscales de visitar los centros penitenciarios para verificar que no existan abusos ni violaciones a los derechos humanos.
El fiscal general fue enfático en que las posibles conductas delictivas deben investigarse sin distinción de quién las cometa.
“Tan delincuente es el que mata, el que roba, el que viola, como el que utiliza mal los recursos públicos, como el que da adjudicaciones de licitaciones a dedo o como la persona que tortura o abusa de autoridad en contra de privados de libertad”, expresó.
El funcionario añadió que el Ministerio Público también debe ejercer su función punitiva contra quienes eventualmente cometan abusos de autoridad o torturas dentro de los centros penitenciarios.
Díaz señaló que se trata de una atribución legal y recordó que, durante el recorrido por el CACCO, ocurrió una situación que le llamó particularmente la atención.
“En esta visita me parece hasta paradójico y contradictorio que los privados de libertad le pidieran ayuda a los fiscales que asistimos, siendo nosotros las personas que buscamos o que logramos de alguna manera u otra la condena de estas personas y que por eso se encuentran descontando una pena de prisión”, manifestó.
Finalmente, indicó que la investigación apenas comienza y que deberán ampliar las diligencias.
