EscucharEl nombre caso Tridente tiene su origen en una serie de tres homicidios que ocurrieron en días consecutivos y que alarmaron a los vecinos de Guácimo, Limón, durante mayo de 2025.
Los tres asesinatos ocurrieron entre el 23 y el 25 de mayo de ese año, en diferentes sectores del cantón.
La seguidilla de hechos violentos llamó la atención de las autoridades judiciales y terminó convirtiéndose en uno de los puntos de partida de una investigación que este viernes 14 de agosto desembocó en una serie de allanamientos contra una estructura criminal.
El primer homicidio ocurrió el 23 de mayo, en La Perla de Guácimo. La víctima fue un adolescente de 17 años, quien recibió seis impactos de bala, principalmente en la cabeza y el tórax.
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Al día siguiente, el 24 de mayo, ocurrió otro asesinato, esta vez en Los Geranios. La víctima era un hombre conocido con el alias de “Chanchis”.
La violencia continuó el 25 de mayo, cuando un hombre de apellido Ayete fue asesinado en La Selva de Guácimo.
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Tres homicidios en apenas tres días marcaron una de las jornadas más violentas que había vivido la comunidad y encendieron las alertas de las autoridades.
Las autoridades afirman que la banda era liderada por Coco Guácimo, liderada por Ronny Ríos Oconitrillo.
Una investigación que llegó hasta la madrugada de este viernes
Más de un año después de aquella seguidilla de asesinatos, el caso volvió a tomar fuerza con el operativo realizado por el Poder Judicial durante la madrugada de este viernes 14 de agosto.
El caso Tridente permitió a las autoridades avanzar contra una estructura señalada de operar en Guácimo y relacionada con la banda conocida como Coco Guácimo, cuyo líder, Ronny Ríos Oconitrillo, murió abatido durante la operación Némesis, el pasado 24 de julio.
Las autoridades sostienen que la organización se caracterizaba por su alto nivel de violencia y por utilizar emboscadas para atacar a sus objetivos.
Además, durante las diligencias de este viernes, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, reveló que la organización mantenía bajo vigilancia incluso a sus propios vendedores de droga.
Según explicó Díaz, la banda realizaba una especie de contrainteligencia para determinar si sus vendedores comercializaban únicamente las drogas que ellos les suministraban. Si alguno era descubierto vendiendo sustancias de otra organización, podía convertirse en objetivo de la propia estructura.
De acuerdo con el fiscal, para esas ejecuciones se pagaban aproximadamente ¢2 millones.
La investigación continúa para determinar quiénes mantenían el control de la organización y quiénes podrían asumir el liderazgo después de la muerte de sus principales cabecillas.
Para las autoridades, golpear a un líder no necesariamente significa desarticular por completo una estructura criminal. Por eso, el objetivo del caso Tridente también es establecer cómo se reorganizan estas bandas y quiénes ocupan los espacios que quedan vacíos después de los golpes policiales y judiciales.
