Escuchar“A mi hija le mandó a decir una de las chiquitas del colegio que el jefe la quería para trabajar con ellas, que no le iba a pasar nada, que nadie la iba a tocar, que solo era ser dama de compañía”.
Este testimonio es real y fue recogido por una investigación que pidió el PANI; no pertenece a una película ni a una historia de ficción.
Es la revelación que una madre compartió con especialistas que estudian la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Costa Rica, y refleja una realidad que preocupa cada vez más: las redes de explotación sexual buscan acercarse a sus víctimas incluso dentro de escuelas y colegios.
La investigación, hecha a solicitud del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), analizó la situación en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores.
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Este informe fue realizado por Pridena (Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y las Adolescencias) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que es “un programa pionero en la promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica”, explica Pridena.
También participaron la Universidad Nacional y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina).
Entre sus principales descubrimientos, asegura que los centros educativos son lugares clave para detectar casos y proteger a la población estudiantil.
También advierte que, en algunas comunidades, estos espacios educativos son aprovechados por personas vinculadas con redes de explotación sexual para acercarse a niños y adolescentes y reclutarlos.
Un delito que permanece oculto
El equipo investigador entregó el estudio “La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país” y sostiene que este delito permanece parcialmente oculto.
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El informe deja claro que Costa Rica no cuenta con un sistema unificado de información sobre explotación sexual comercial de menores de edad y que muchas denuncias terminan registradas bajo otras categorías, lo que provoca un importante subregistro y dificulta conocer la verdadera realidad del problema.
Además, durante las entrevistas realizadas para la investigación, funcionarios indicaron que numerosos casos inicialmente se clasifican como negligencia, exclusión escolar o relaciones impropias y solo durante el proceso investigativo se determina que existía explotación sexual comercial, aunque esa clasificación no siempre se corrige en los registros oficiales.
La prevención sigue siendo el gran reto
La investigación también identifica factores que aumentan la exposición de niñas, niños y adolescentes, entre ellos la pobreza, la exclusión social, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, la deserción escolar y la presencia del crimen organizado. Toda esa realidad facilita que las redes encuentren víctimas con mayor facilidad.
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El documento reconoce que Costa Rica cuenta con leyes, protocolos e instituciones para enfrentar este delito, pero todavía existen deficiencias en la coordinación entre entidades, falta de recursos, retrasos en la atención y un enfoque que sigue privilegiando la reacción cuando el delito ya ocurrió, en lugar de fortalecer la prevención en las comunidades y en las escuelas y colegios.
Para el equipo investigador, mejorar la coordinación entre instituciones, fortalecer la detección temprana y consolidar un sistema de información confiable son pasos indispensables para impedir que más niños y adolescentes sean reclutados por estas redes de explotación sexual.
