(Video) Corte Plena amonestó a cuatro magistrados por caso del cementazo

La Corte Plena decidió amonestar por escrito a los cuatro magistrados de la Sala Tercera que desestimaron una causa contra dos diputados por el escándalo del cemento chino, a ellos se les intentó suspender, pero no alcanzaron los votos.

Los amonestados por "falta grave" son el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla; Jesús Ramírez, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés, quienes a inicios del año pasado desestimaron una causa por supuesto tráfico de influencias contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth.

A las 10:10 p. m., de este miércoles los magistrados Carmen María Escoto (vicepresidenta de la Corte) y Román Solís, dieron a conocer la decisión en una conferencia de prensa.

Escoto indicó que se debatió la posibilidad de suspender a los magistrados por falta gravísima pero "al no alcanzarse una mayoría calificada, sea de 15 votos, se definió por una amonestación escrita para todos y todas las personas que fueron denunciadas en sede disciplinaria sobre estos hechos".

De los 22 magistrados, 12 votaron por suspenderlos, pero esos votos eran insuficientes ya que se necesitaban 15. Mientras tanto, 10 optaron por la amonestación y esa fue la decisión que prevaleció.

De acuerdo con el artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la amonestación escrita procede ante faltas “graves”.

El lunes anterior por estos mismos hechos, la Corte Plena suspendió por dos meses y sin goce de salario a la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, que actuando como fiscala general interina solicitó a los magistrados desestimar la causa contra los entonces diputados.

Smith consideró que a partir de la totalidad de la prueba recabada, no era posible proceder a una eventual acusación y solicitar la apertura a juicio por tratarse de hechos atípicos (no considerados delitos). A ella se le atribuyó obviar o mencionar la existencia de un informe de llamadas telefónicas que relacionaba a los exdiputados con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

La alerta sobre algo anormal la hizo, el 2 de octubre del 2017, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, cuando le mencionó sobre una incongruencia entre la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público y un informe sobre contactos telefónicos entre Otto Guevara, Víctor Morales y el exdiputado Wálter Céspedes.

Según el informe del OIJ, entre Guevara y Bolaños se dieron 608 registros telefónicos entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Morales Zapata fueron 184.

Ante el dato la Sala Tercera ordenó reabrir la causa que desde el pasado 1.° de mayo se tramita en tribunales comunes pues Guevara y Morales dejaron de ser diputados.

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Denunciados por el gremio

A los miembros de la Sala Tercera se les investigó luego de que el 30 de octubre del 2017, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) los denunció por el presunto delito de prevaricato, es decir, dictar resoluciones contrarias a la ley.

El 3 de noviembre pasado, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla había dicho ante una comisión legislativa que no es obligación de los altos jueces aceptar una petición de la Fiscalía ni la resolución que promueve el magistrado instructor de una causa.

Sostuvo que la práctica normal es que cada miembro analice el caso antes de emitir un criterio. “Todos somos independientes”, aseveró.

Fue el 6 de diciembre del año anterior que la Corte Plena acordó abrir el procedimiento y se designó a Román Solís Zelaya para que se encargara de llevar la pesquisa. El asunto se postergó pues los magistrados acusados pidieron una audiencia para exponer las razones que los llevaron a tomar la decisión.

Sin embargo, desde octubre anterior, el presidente de la Corte Carlos Chinchilla había solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial investigar si el Ministerio Público indujo a error a los magistrados de la Sala Tercera, al solicitarles la desestimación en una causa contra los exdiputados.