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El nombre de la cantante mexicana Ana Bárbara volvió a encender el mundo de la farándula en las últimas horas, luego de que surgieran rumores de una supuesta crisis en su matrimonio con Ángel Muñoz.
La polémica surgió después de que el periodista de espectáculos Jordi Martín asegurara, en el programa El Gordo y la Flaca, que la periodista costarricense Adriana Toval (Adriana Toval Sánchez) lo contactó para contarle que habría tenido un amorío con el esposo de la intérprete de “Bandido”.
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Según relató el periodista, Adriana incluso le dio detalles sobre los encuentros que habría tenido con Muñoz, lo que rápidamente provocó una avalancha de comentarios entre seguidores y medios de espectáculos.
¿Quién es Ángel?
A raíz del escándalo, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse quién es el hombre que está en el centro de la controversia.
En redes sociales, Ángel Muñoz se presenta como actor, agente y empresario. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 85 mil seguidores, suele compartir fotografías relacionadas con su trabajo, su estilo de vida fitness y algunos momentos junto a la cantante.
Rompió el silencio
Este miércoles 11 de marzo, el empresario decidió reaccionar, a través de su equipo legal, en el programa de espectáculos “Siéntese quien pueda”, sobre esta supuesta infidelidad con la costarricense.
Según se explicó, el abogado Guillermo Pous envió una carta que le fue dirigida a Toval luego de que ella relatara detalles del supuesto romance con Muñoz.
El presentador de dicho espacio, Lucho Borrego, explicó que el documento señala que las declaraciones de la costarricense serían “falsas y tendenciosas” y que estarían provocando un daño a la dignidad de Muñoz.
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De acuerdo con el escrito legal, el esposo de Ana Bárbara estaría dispuesto a emprender acciones legales contra la costarricense por los supuestos delitos de difamación, calumnia, injuria y vejación.
La carta también incluye una advertencia directa para la comunicadora, a quien se le solicita abstenerse de continuar realizando declaraciones similares, ya sea de forma directa o a través de terceros.
Además, el documento subraya que ni la libertad de expresión ni el ejercicio periodístico eximen de responsabilidad jurídica cuando se considera que se está afectando la dignidad o los derechos fundamentales de una persona.
