EscucharEl Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional (BN) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal tomaron una drástica decisión después de que la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) tuviera diferentes posiciones con respecto al proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios.
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Estas entidades renunciaron a la ABC por un quiebre de confianza, porque al principio no los protegieron, o sea la ABC primero salió apoyando el proyecto y horas después cambió de parecer. Los bancos dijeron que no pueden avalar ni verse vinculadas a mensajes que simplifican un problema complejo y proyecta soluciones que no lo resuelven pues dicha propuesta no incorporaba todos los criterios técnicos necesarios.
Pero, ¿qué tanto les afecta a estos bancos y a la ABC esta decisión? El economista Leiner Vargas explicó a La Teja que la afectación va más allá de lo económico y financiero.
En el caso de las entidades que renunciaron a la asociación, pierden representatividad en el sector financiero.
“Al estar fuera, pierden esa capacidad de organización y autoprotección. Pero pierden tanto los que se van como los que quedan porque obviamente, los que se van son actores muy importantes dentro del sistema financiero”, dijo Vargas.
Por otra parte, la asociación pierde credibilidad por la salida de tres grandes bancos.
La ABC es una organización que agrupa a los bancos, tanto públicos como privados. Leiner Vargas indicó que, desde el punto de vista económico, es una organización que sirve para coordinación y trabajo conjunto en temas de interés del sector financiero.
Sin embargo, el economista opina que la asociación no debería existir porque, según su criterio, en un mercado en competencia, no deberían de existir organizaciones que agrupen a bancos.
Cambio de postura
Tal y como se mencionó anteriormente, la asociación tuvo un cambio de postura. Al principio, señaló que el proyecto de ley era equilibrado y permitía avanzar hacia un marco normativo equilibrado.
No obstante, horas después de la declaración inicial, cambió de postura.
El Banco Popular, el BCR y el BN señalaron que, según análisis técnicos, la propuesta de ley “presenta debilidades sustantivas y riesgos signifcativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva” de los usuarios.
Asimismo, reiteraron que el proyecto podría generar riesgo de que el incremento de los costos sistemáticos se traslade a los usuarios, afectando la inclusión financiera, tarifas, acceso a crédito y sostenibilidad del sistema financiero.
Las entidades afirmaron que la propuesta del diputado liberacionista Óscar Izquierdo, presenta contradicciones serias que generan desequilibrio y además, es arbitraria porque no se fundamenta en reglas de la ciencia y la técnica.
Además, según los bancos, introduce esquemas de responsabilidad desproporcionados y omite el concepto de culpa.
El proyecto de ley número 23.908 busca obligar a los bancos y otras entidades financieras a indemnizar a los clientes en caso de estafa.
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Cuando un cliente pierde su dinero a causa de fraude, las entidades tendrían la obligación de investigar y responder por el monto sustraído de forma ilegítima.
“Las entidades financieras, públicas y privadas, deberán proceder a la devolución de los recursos que logró identificar como provenientes de fraudes, siempre que cuente con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción”, dice la propuesta.
Este proyecto fue aprobado esta semana en primer debate; ahora se espera que sea ratificado en segundo debate en el Congreso.
“Se requiere una revisión muy cuidadosa porque hay un hilo muy delgado entre la protección del interés del consumidor financiero y lo que puede o no hacer el banco para defender al consumidor de una estafa”, dijo el economista.
“Creo que una de las cosas más complicadas es que tendrán que asumir seguros para las cuentas de forma tal que las personas puedan tener las operaciones de los fondos ante una eventual estafa y hay una corresponsabilidad del banco”, añadió.
Leiner indicó que el banco tendría que demostrar que actuó de manera coherente y correcta ante la estafa y que no fue copartícipe de este delito. Asimismo, señaló que este es un tema que les va a costar mucho dinero a los bancos.
¿Qué dice la ABC sobre la salida de los bancos?
La ABC compartió la tarde de este viernes 27 de febrero su postura sobre la salida del Banco de Costa Rica, el Banco Popular y el Banco Nacional.
“El ABC lamenta profundamente la decisión adoptada por el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de retirarse del gremio. Estas instituciones han representado históricamente una parte sustantiva del Sistema Bancario Nacional y han sido actores clave en la construcción de posiciones técnicas conjuntas orientadas a resguardar la estabilidad financiera del país y la confianza en el sistema bancario costarricense”, comunicó.
La organización reiteró que mantiene una posición de rechazo al proyecto de ley número 23.908, señalando que es necesario crear un marco legal para enfrentar este fenómeno delictivo y que cualquier legislación debe construirse sobre bases técnicas sólidas.
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