EscucharLas calles de San Salvador se inundaron este domingo con miles de ciudadanos que alzaron su voz contra el régimen de excepción. La movilización, convocada en una fecha que recuerda el fin de la guerra civil salvadoreña, tuvo como eje central la denuncia de abusos cometidos bajo la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
La actual política estatal, vigente desde el año 2022, permite que las autoridades realicen capturas sin necesidad de una orden judicial previa. Aunque el oficialismo defiende la medida por la drástica reducción de la violencia criminal, diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos advierten sobre un preocupante patrón de detenciones injustificadas en El Salvador.
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Clamor por la libertad y garantías constitucionales
Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, enfatizó que la protesta busca la restitución de las garantías fundamentales de los ciudadanos. Según la activista, esta medida de emergencia se ha transformado en una política permanente que vulnera el debido proceso en El Salvador.
A la marcha se unieron familiares de personas privadas de libertad, quienes aseguran que sus allegados no tienen vínculos con pandillas. “Exijo libertad para mis hijos y para los demás inocentes”, manifestó Juana Fuentes, una madre de familia que espera justicia desde que su hijo fue encarcelado hace casi cuatro años bajo el régimen de excepción.
Impacto humanitario de la política de seguridad
De acuerdo con datos oficiales, el número de detenidos supera las 90.000 personas, de las cuales cerca de 8.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. No obstante, organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen solicitan que el estado de excepción sea declarado inconstitucional por los tribunales superiores.
El costo humano de esta estrategia ha sido documentado por oenegés como Socorro Jurídico, que reporta el fallecimiento de al menos 470 reclusos bajo custodia del Estado. Estas cifras han encendido las alarmas sobre el respeto a los derechos humanos y las condiciones dentro de los centros penales.
Rechazo a la persecución social
Además de las críticas a la seguridad, los manifestantes denunciaron un clima de hostilidad contra líderes comunitarios y defensores sociales. Las consignas durante el recorrido señalaron presiones contra ambientalistas y sindicalistas, así como despidos masivos en sectores de salud y educación.
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El descontento expresado este domingo refleja una división en la opinión pública sobre el modelo de Nayib Bukele. Mientras un sector aplaude la tranquilidad en los barrios, otros advierten que el precio de la paz no debe ser la pérdida de la democracia y la justicia en El Salvador.
