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La Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj) aprobó la polémica “Gratificación Faroeste”, una medida que ofrece premios económicos a policías civiles que logren la “neutralización” de criminales. El texto, según la cobertura de O Globo, plantea bonificaciones que van del 10% al 150% del salario en casos de incautación de armas de alto calibre o de eliminación de sospechosos en operaciones.
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Expertos alertan sobre inconstitucionalidad
Tres reconocidos constitucionalistas consultados por O Globo coinciden en que la propuesta es inconstitucional. Argumentan que fomenta ejecuciones extrajudiciales, contradice el principio de presunción de inocencia y viola el derecho fundamental a la vida, al incentivar prácticas que se asemejan a la pena de muerte, prohibida en Brasil.
Riesgos de incentivar la violencia policial
El abogado Rodrigo Brandão advirtió que, si bien premiar la incautación de armas puede ser legítimo, bonificar la “neutralización” de personas es equivalente a estimular la matanza. El profesor Pedro Serrano, de la PUC-SP, subrayó que solo un juez puede determinar si alguien es culpable, y que la norma incentiva a policías a actuar como jueces y verdugos en la calle.
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Próximos pasos y posibles cuestionamientos
El gobernador Cláudio Castro deberá decidir en un plazo de 15 días si sanciona o veta la medida. De aprobarse, la norma podría enfrentar acciones de inconstitucionalidad tanto en la Justicia estadual como en el Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, diputados discuten extender la bonificación a la Policía Militar, lo que elevaría aún más la controversia.
Un regreso al pasado
La llamada “Gratificación Faroeste” no es nueva. Fue instaurada en 1995 y derogada tres años después por fomentar la violencia policial. Su retorno genera temores de que aumenten las ejecuciones y se reduzca la investigación de crímenes cometidos por agentes del Estado.
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*Esta noticia fue realizada con ayuda de Inteligencia Artificial. La información se tomó de GDA/O Globo/Brasil.
