EscucharLa ciudad de Mineápolis se ha convertido en el escenario de una crisis humanitaria silenciosa que golpea el corazón de la comunidad hispana.
Ana, Carlos y su hijo Luis, una familia de origen mexicano, han cumplido ocho semanas sin cruzar el umbral de su puerta.
“Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa”, declaró Ana a la AFP utilizando un seudónimo, al igual que su marido y su hijo.
LEA MÁS: ¿Se acaba todo? La aterradora advertencia de la ONU que pone a temblar a Cuba
El miedo a los agentes del ICE (Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas) ha transformado su hogar en una celda improvisada, con cortinas perpetuamente cerradas y una barra de metal que refuerza la entrada principal ante el temor de una incursión violenta.
“Siempre tengo el miedo de que, aunque son ciudadanos, sabemos que ya no están respetando y que solo por el color de su piel se los pueden llevar”, dijo con voz temblorosa.
Este encierro voluntario comenzó cuando el gobierno de Donald Trump ordenó intensificar las redadas contra la inmigración en Estados Unidos, especialmente en ciudades consideradas bastiones opositores.
La tensión en la zona alcanzó un punto de quiebre tras incidentes donde oficiales federales dispararon contra manifestantes, lo que ha generado un clima de desconfianza y terror entre quienes, a pesar de llevar más de una década trabajando en el país, hoy se sienten perseguidos por su origen étnico.
La fractura del sueño americano
Para Ana, de 47 años, la situación es insoportable.
Aunque tres de sus hijos son ciudadanos estadounidenses de nacimiento, el temor de que sean detenidos por el perfilamiento racial es una constante.
Luis, de 15 años y nacido en México, es quien vive el aislamiento más severo.
Sus días transcurren entre clases virtuales y videojuegos, intentando evadir una realidad donde un restaurante de comida rápida a pocos metros de su casa parece un destino inalcanzable.
La madre describe la existencia actual como “inhumana”, una vida de prisioneros donde la comunicación con el exterior está rígidamente controlada.
Sus hijos saben que no pueden simplemente llamar a la puerta; deben enviar un mensaje de texto previo para confirmar su identidad.
Esta paranoia colectiva es el resultado directo de la Operación Metro Surge, una estrategia de Donald Trump para aumentar la presión migratoria en centros urbanos estratégicos.
Inestabilidad económica y legal
El aspecto financiero ha colapsado junto con su libertad de movimiento.
Carlos, quien se dedica a la instalación de encimeras, ha visto cómo sus ingresos de 6.000 dólares mensuales desaparecieron desde diciembre.
La familia ha invertido 11.000 dólares en abogados durante los últimos años intentando regularizar su estatus, pero se enfrentan a una paradoja legal desesperante.
LEA MÁS: Moltbook: la red social donde solo interactúan bots de inteligencia artificial genera alertas
A pesar de contar con permisos de trabajo vigentes, estos documentos no les brindan protección contra un posible arresto o deportación inmediata por parte del ICE.
“Nos sentimos como si Donald Trump nos hubiera hecho un fraude", afirma Carlos con indignación.
Su crítica apunta a un sistema que les otorga permisos para laborar y tributar, pero los mantiene en un limbo jurídico donde son tratados como criminales.
Durante el primer mandato del republicano, las operaciones de inmigración en Estados Unidos parecían enfocarse en personas con antecedentes penales graves.
Sin embargo, en este segundo periodo, el alcance parece ser indiscriminado, afectando a familias trabajadoras que carecen de registros delictivos.
Un futuro incierto en Mineápolis
La situación en Mineápolis refleja una tendencia nacional.
Estadísticas de operativos similares en ciudades como Los Ángeles indican que más de la mitad de los detenidos por el ICE no poseen antecedentes criminales, lo que contradice el discurso oficial de seguridad nacional.
La presión económica es ya insostenible para Ana y Carlos, quienes tuvieron que pedir préstamos para cubrir el alquiler de 2.200 dólares, mientras rezan para que las fuerzas federales se desplacen a otra región del país.
La desesperanza ha llevado a Ana a considerar seriamente el retorno a México, una idea que antes parecía remota.
Lo único que la mantiene en Mineápolis es el deseo de que sus hijos cumplan sus metas profesionales, aunque ahora mismo esas aspiraciones estén pausadas por una barra de metal en la puerta de entrada.
Con tres años más de administración presidencial por delante, la pregunta que atormenta a esta familia es si podrán sobrevivir física y emocionalmente a este confinamiento forzado por las políticas migratorias vigentes.
*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.
