El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene al frente un problema grave porque no cuenta con la plata para girarles recursos a los albergues que cuidan niños y adolescentes en todo el país.

A estas alturas no se sabe qué pasará con 13.557 menores de edad que actualmente son atendidos por organizaciones no gubernamentales a las cuales subsidia el PANI.

Según el desglose hecho por el propio Patronato, los afectados serían 5.715 niños y adolescentes de los Centros Integrales de Atención Diurna (CIDAI), que los cuida mientras sus papás trabajan; 2.302 de la modalidad residencial, que da protección permanente a menores de edad bajo la responsabilidad del PANI; 20 de los Centros de Atención Integral para niños y adolescentes, un programa de vida independiente para adolescentes que pronto llegarán a la mayoría de edad y 5.520 de acogimiento familiar, es decir, familias que protegen temporalmente a menores de edad mientras regresan con sus parientes biológicos.

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Entre la población que podría verse afectada están mamás adolescentes y sus hijos, menores de edad con discapacidad, con enfermedades crónicas, que presentan conductas inadecuadas, víctimas de explotación sexual comercial, abuso sexual y más.

Todos ellos están bajo protección del Estado y algunos cuentan con declaratoria judicial de abandono, situaciones en las cuales el PANI es el responsable directo de atenderlos y protegerlos. De ahí la preocupación sobre su futuro a partir del 1 de julio en caso de no conseguirse la plata para hacer los giros.

Urgente

En total, la institución necesita más de ¢16.000 millones para el segundo semestre de este año.

El Núcleo de Trabajo en Violencias hacia Niños y Adolescentes ha venido luchando para hacer visible el problema y tratar de hallar soluciones.

El esfuerzo más reciente fue enviar una carta al presidente de la República, Rodrigo Chaves, solicitándole que intervenga para que se puedan restituir los recursos mediante una modificación presupuestaria que autorice su giro inmediato, dada la urgencia de la situación y entendiendo que serían entregados en montos mensuales por lo que resta del año, explicó Virginia Murillo, coordinadora de esta agrupación.

“El interés superior de cada niño y adolescente está por encima de cualesquier otro interés. En el 2021 se aprobó una ley con fuente de financiamiento, pero no se presupuestaron los recursos para el 2022. El 8 de mayo asumí una institución sin recursos para dar continuidad a los convenios que garantizan la protección de 13 mil menores de edad bajo protección”, dijo Gloriana López, ministra de la Niñez y la Adolescencia.

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