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Asegurado exige a la Caja pago de operación realizada en clínica privada

Abogada recurre a viejo artículo de la Ley Constitutiva de la CCSS

Un asegurado voluntario solicitó a la Caja Costarricense del Seguro Social que le reembolse ¢3,9 millones que gastó en un tratamiento en una clínica privada donde se operó una hernia.

Se trata de un holandés nacionalizado costarricense, de apellido Hogeman, quien padecía de una hernia encapsulada que le provocaba mucho dolor y que le podía explotar en cualquier momento.

Por su trabajo en barcos remolcadores este hombre viaja constantemente, y en sus argumentos asegura que no podía exponerse a que la hernia le explotara en otro país o en altamar.

En la Caja le habían dado cita de valoración con un especialista para seis meses después, y allí le iban a fijar una fecha para operación.

El caso de Hogeman lo lleva la abogada Adriana Rojas, quien indicó que los asegurados no exigen este derecho de cobrar por servicios privados por desconocimiento.

“Los asegurados por planilla o voluntarios tenemos derecho a la elección de los servicios de salud si tenemos problemas con la atención, así lo dice el artículo 69 de la Ley Constitutiva de la Caja. El asegurado puede elegir entre un centro privado de salud o uno público para tratamientos médicos, exámenes laboratorio o incluso medicamentos”, sostuvo.

Dicho artículo dice lo siguiente: “los asegurados que desearen ser asistidos por otro médico u ocupar los servicios de otra farmacia que no sea la de la Caja, podrán hacerlo libremente, bajo el control de la Caja, pero en ese caso la institución no estará obligada a pagar los respectivos gastos sino de acuerdo con la tarifa de asistencia médica y de servicios farmacéuticos que elaboren las secciones médica y farmacéutica, con aprobación de la Junta Directiva.

"Cualquier diferencia que resulte entre estos precios y los cobrados por los médicos o farmacias particulares, será pagada en cada caso por los asegurados”.

Rojas recalcó que esa ley es antigua, de la década de los sesenta - setenta, cuando existían pocos hospitales. Luego la institución contruyó más infraestructura hospitalaria, pero asegura que la ley se quedó igual, con dicho derecho a elección.

La abogada explicó que no se requiere elevar el caso a la vía judicial, sino solicitarlo ante la junta directiva de la Caja, la cual valorará si se cumplen los requisitos, entre los que están: ser asegurado, estar al día con los pagos y que exista unanimidad de criterio en cuanto al tratamiento que se le debe realizar al paciente.

Rojas aseguró que el reclamo estaría pronto a resolverse en la junta directiva, pues se presentó el marzo del 2019.

La abogada prepara otros reclamos similares, entre ellos el de una joven de 17 años que padecía de ovarios poliquísticos, y que suspuestamente en la Caja le iban a quitar el útero producto de este mal y debido a ello ya no podría tener bebés.

La abuela le pagó la operación en un centro privado donde le trataron la enfermedad, pero no le quitaron el útero, y ahora está pidiendo que le devuelvan el monto de la intervención.

Voto a favor

Marielos Alfaro, integrante de la junta directiva de la Caja y exdiputada libertaria, aseguró en sus redes sociales que la normativa de la institución permite estos pagos y que son “justos”.

“Si la institución no puede atender en forma oportuna las necesidades de un paciente, esta persona debería recibir el servicio con un proveedor que lo atienda a tiempo y que la CCSS cubra el costo”, indicó Alfaro en su perfil de Facebook.

La Teja intentó conocer la versión de las autoridades de la Caja; sin embargo, al cierre de esta nota nos indicaron que la solicitud aún estaba en trámite.

Shirley Sandí

Periodista.