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Al conocer las historias del personal de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social es más que justificado que distintos hospitales públicos y centros de salud en todo el país convocaran a una huelga motivados por una misma frustración: llevan meses sin recibir su salario a tiempo.
El origen de este descontento radica en la implementación de un nuevo sistema de pagos que, según denuncian los afectados, ha presentado constantes fallas y ha provocado retrasos severos en sus quincenas.
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Para dimensionar la angustia que viven estos trabajadores, La Teja conoció el caso de Brenda Brenes, enfermera del Hospital Max Peralta de Cartago. Ella relató que ya suma dos meses y medio sin recibir su sueldo, lo que la ha obligado a hacer verdaderos malabares para sostener su hogar.
“Yo en mi caso tengo un hijo pequeño. Obviamente él ocupa dinero para sus necesidades básicas: que meriendas de la escuela, que el transporte, que demás. A veces ha sido complicado porque incluso para ir al trabajo no salen ni siquiera los pasajes. Entonces sí es bastante complicado. Obviamente, las deudas tampoco esperan”, aseguró.
Brenes confiesa que la llegada de cada quincena se convirtió en un momento de tensión, pues los gastos diarios y los recibos no dan tregua. Aunque cuenta con el apoyo económico de su pareja, admite que en muchas ocasiones ha tenido que viajar al trabajo con el dinero exacto para los pasajes.
“Él me ha ayudado económicamente. Entonces es feo porque uno está trabajando, pero no está recibiendo salario de nada. A veces ha pasado que literal uno anda con los pasajes, que si se le pierden cinco colones vea a ver qué hace porque no tiene cómo”.
Sumado a la estrechez económica, la enfermera señala que muchos de sus compañeros han tenido que recurrir a préstamos para cubrir sus gastos pendientes, una presión financiera que ya empieza a desencadenar episodios de depresión y ansiedad en el personal de salud.
“También va muy ligado a lo que es salud mental. Se supone que uno como profesional orienta a los pacientes y les dice a los pacientes que la salud mental y la salud mental, pero no saben lo que se está viviendo realmente adentro”.
Otra de las funcionarias que ha enfrentado este duro panorama es doña Ruth Chacón. Ella le contó a La Teja que no recibió salario desde marzo hasta junio. Aunque los pagos se reanudaron a mediados de año, el daño económico ya estaba hecho y actualmente sigue lidiando con las deudas que se acumularon durante esos meses de incertidumbre.
“Las cuentas que no se pudieron pagar en esos meses en que se estuvo sin salario: bancos, deudas que uno adquirió, pago de teléfono. Yo en este momento tengo mi teléfono celular cortado desde el mes de marzo porque no he podido pagarlo”.
Doña Ruth detalló que, al quedarse sin ingresos, no pudo hacerle frente a las cuotas de un préstamo que mantenía con la cooperativa de la institución, lo que le generó un atraso considerable. A nivel familiar, la situación fue igual de crítica, pues se vio imposibilitada de aportar para la comida y los servicios de su casa.
Medida de presión
Una de las agrupaciones que se unió a este movimiento es el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines). Su secretario general, Lenin Hernández, comenta:
“Esta medida de presión que estamos realizando el día de hoy obedece a la irresponsabilidad e inobservancia por parte de las autoridades institucionales que implementaron un sistema de gestión de pago, un nuevo software sin tener la gente, el personal capacitado, sin tener las medidas de contingencia necesarias en caso de algún problema a la hora de hacer esa transición tecnológica”.
De acuerdo con Hernández, esta situación ha provocado que gran parte del personal espere entre dos y tres meses sin recibir su salario o que, en el mejor de los casos, les depositen solo un porcentaje de lo que realmente les corresponde.
La Teja solicitó una posición oficial a la Caja. A través de un comunicado de prensa enviado por correo electrónico, la institución respondió a la consulta.
En el documento, la Caja aseguró que mantiene acciones prioritarias para regularizar los pagos y detalló que han identificado más de 483 casos que requerían una revisión administrativa. Asimismo, reiteraron que resolver este problema es urgente, “debido al impacto que estas situaciones pueden generar en los derechos laborales y en la economía de las personas trabajadoras y sus familias”.
