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El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez solicitó al Estado costarricense y a tres instituciones públicas retirar sus recursos de apelación tras la resolución del caso INS-Reaseguros, esto a cambio de renunciar al cobro de las costas procesales a su favor, las cuales alcanzan una suma cercana a los $3 millones.
La propuesta del exmandatario surge después de que el Tribunal Penal dictara en mayo anterior una sentencia absolutoria a su favor en el denominado caso INS-Reaseguros, desestimando los cargos en su contra y condenando a la Procuraduría General de la República (PGR), al Instituto Nacional de Seguros (INS) y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al pago de las costas legales del proceso.
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“Basta ya de dilapidar fondos públicos”
A través de una declaración pública en la red social X, Rodríguez urgió a dichas entidades estatales a frenar la vía judicial, de forma que los recursos invertidos en el caso se utilicen de mejor manera.
“Hago pública y formal propuesta a las entidades públicas que por años me han venido persiguiendo. Retiren ustedes sus apelaciones a la contundente sentencia en mi favor del Tribunal Penal y yo renuncio a las costas. Basta ya de seguir dilapidando fondos públicos, basta ya de una persecución injusta. Terminemos este proceso”, manifestó el expresidente.
El exgobernante hizo referencia a lo mucho que se ha extendido el proceso judicial, afirmando haber hecho frente a las acusaciones en su contra desde su regreso al país.
“Hace 22 años regresé al país para dar la cara y someterme a los tribunales y todavía hay apelaciones pendientes de un caso que empezó hace 25 años. Terminemos con esto, en aras del bien de los costarricenses y en aras de la justicia”, concluyó.
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Un caso de más de dos décadas
El proceso legal se remonta al año 2001, cuando comenzaron a investigar supuestas irregularidades en la contratación de reaseguros internacionales por parte del INS. En 2004, Rodríguez renunció a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para someterse a las investigaciones en suelo nacional.
Tras la decisión del Tribunal Penal de absolverlo y fijar la indemnización por costas a favor de su defensa, la representación del Estado y las instituciones involucradas acudieron a las instancias de apelación, paso que mantiene el expediente abierto y a la espera de un pronunciamiento definitivo. Con el planteamiento realizado por Rodríguez, la decisión de cerrar el caso o continuar la vía legal queda en manos de las autoridades de las entidades públicas querellantes.
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