Varios sindicatos convocaron a una manifestación en Casa Presidencial por el rechazo del nombramiento de la exdiputada Rocío Alfarocomo su representante ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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La concentración se realizará este miércoles 15 de julio a las 10:00 a.m., unas horas antes de la habitual conferencia de prensa del gobierno.
Con esta manifestación buscarán exigir al Poder Judicial que se juramente tanto a Rocío Alfaro como a otros representantes, cuyos nombramientos también fueron rechazados por el gobierno.
De acuerdo con Teletica.com, el Consejo de Gobierno rechazó asimismo la juramentación de Martha Rodríguez, la secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) como suplente de Alfaro.
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, rindió un informe en el que se detallaron los motivos, entre ellos una supuesta falta de competencia en materia económica y una presunta incompatibilidad operativa porque, al parecer, su hermano es médico asistente y su cuñada es enfermera.
Sindicato presentó recurso de amparo ante Sala IV
La Unión Médica Nacional (UMN) presentó un recurso de amparo ante la Sala IV, pues alega una violación de la Constitución Política.
Randall Cabrera, presidente de la UMN, indicó a este medio que los argumentos del Consejo de Gobierno no son válidos.
“Doña Rocío tiene todas las cualidades. Nosotros, antes de hacer la elección en el sector sindical, hicimos la revisión adecuada”, comentó a este medio.
“Sabemos que va a ser una muy buena representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”, añadió.
En el recurso, solicita a la Sala Constitucional que se rechace el argumento del Consejo de Gobierno y que Rocío Alfaro sea juramentada.
Debido al freno que se le dio al nombramiento de la exlegisladora, la Junta Directiva de la CCSS está incompleta y, según Cabrera, es ideal que haya nueve miembros para tomar decisiones estratégicas.
Este recurso de amparo fue admitido en la Sala Constitucional y se le dio un plazo al Poder Ejecutivo para que rindiera un informe sobre los hechos denunciados y se les pidió una copia certificada de toda la documentación relacionada con el nombramiento.


