Costa Rica bajó de puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional.
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Según los datos de Transparencia Internacional, en la edición de 2025 el país centroamericano obtuvo 56 puntos. En comparación al 2024, Costa Rica bajó dos puntos en este índice.
Transparencia Internacional indicó que países como Costa Rica y Uruguay, que obtuvo 73 puntos, que tienen las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en este índice, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado.
“La corrupción está empeorando en todo el mundo, y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo”, comunicó la organización.
“Nuestros datos muestran que las democracias, que por lo general obtienen mejores resultados en la lucha contra la corrupción que las autocracias o las democracias imperfectas, están experimentando un preocupante deterioro en su desempeño en el índice”, añadió.
¿Cuáles países están mejores posicionados?
El país que alcanzó la mayor posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 es Dinamarca con 89 puntos.
Después de Dinamarca, en segunda posición se ubicó Finlandia con 88 puntos, seguido por Singapur (84), Nueva Zelanda (81), Noruega (81), Suecia (80) y Suiza (80).
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Los países con menor índice son Siria (15 puntos), Nicaragua (14), Sudán (14), Eritrea (13), Libia (13), Yemen (13), Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9).
Organización hace importante llamado
La organización Transparencia Internacional hizo un importante llamado que se tomen medidas pertinentes para reducir la corrupción.
Por ejemplo, se debe renovar el liderazgo político en la lucha contra la corrupción, incluida la plena aplicación de las leyes, la implementación de compromisos internacionales y la adopción de reformas que fortalezcan la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.
Asimismo, señaló que se debe proteger el espacio cívico, poniendo fin a los ataques contra periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas.
También se deben cerrar las lagunas de opacidad que permiten que el dinero corrupto se mueva a través de las fronteras. Para eso, se debe hacer un control de los intermediarios profesionales y garantizar sobre quiénes son los propietarios reales de empresas, fideicomisos y activos.
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