EscucharEn medio de la polémica de la salida de tres bancos públicos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) debido al proyecto de ley sobre estafas informáticas, la Defensoría de los Habitantes emitió una opinión sobre el tema.
Mientras el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y el Banco Nacional no están de acuerdo con la propuesta del diputado Óscar Izquierdo, la Defensoría consideró que es importante aprobarlo para proteger los derechos del consumidor financiero en caso de fraudes y estafas informáticas.
Un informe de la Defensoría señaló que hay un vacío normativo en la regulación específica del consumidor financiero en Costa Rica.
“La investigación concluye que al amparo de la ley N° 9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios que busca garantizar los derechos de los usuarios de servicios públicos y privados), corresponde a las contralorías de servicios de estos bancos (Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular), no solo tramitar quejas y reclamaciones a lo interno de dichas instituciones, sino que su función debe ser activa en la salvaguarda de los derechos del consumidor, actuando como mediadores", indicó.
La Defensoría recomendó a las Juntas Directivas del Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular que adopten más medidas de protección en beneficio de los clientes.
Asimismo, solicitó a las entidades bancarias que ajusten la estructura organizacional para garantizar la independencia de las contralorías de servicios y dotarlas de recursos técnicos, financieros y humanos para brindar una protección eficaz al consumidor.
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¿Qué pasó con la salida de bancos de la ABC?
El Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular, tres grandes entidades bancarias públicas, tomaron la decisión de renunciar a la ABC por un quiebre de confianza respecto al proyecto de ley 23.908 sobre estafas informáticas.
Resulta que la ABC, en un principio, apoyó la propuesta del jefe de fracción liberacionista, señalando que era “equilibrada” y que permitía avanzar hacia un marco normativo más proporcionado.
Sin embargo, la organización cambió de parecer horas después, indicando que dicho proyecto de ley no incorporaba todos los criterios técnicos necesarios para proteger tanto al consumidor como a los bancos.
Mientras tanto, los bancos públicos señalaron que, según análisis técnicos, la propuesta presenta “debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los usuarios”.
También advirtieron que se podría generar riesgo de que el incremento de los costos sistemáticos se traslade a los usuarios, afectando la inclusión financiera, tarifas, acceso a crédito y sostenibilidad del sistema financiero.
La ABC lamentó la salida de los bancos y reiteró su rechazo al proyecto de ley 23.908, indicando que es necesario crear un marco legal para enfrentar este fenómeno delictivo.
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