Un fotógrafo debió huir de Nicaragua, el jefe de un periódico en Guatemala está preso y un sitio web El Salvador, procesado judicialmente.

Todo esto ocurrió después de publicar informaciones incómodas para sus gobiernos. En Centroamérica el periodismo independiente atraviesa hoy días difíciles.

Durante el proceso electoral, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió contra los medios que publicaron las sanciones que recibió por acoso sexual cuando fue funcionario del Banco Mundial, y que ahora informan sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña.

En Nicaragua, después de un año de ocupación policial, la semana pasada el local del diario La Prensa quedó en poder del gobierno de Daniel Ortega, que acusó a Juan Lorenzo Holmann, gerente del casi centenario periódico y crítico de su gestión, de lavar dinero.

Holmann está preso desde 2021 y en abril fue condenado a nueve años de cárcel.

Es el mismo delito que la fiscalía guatemalteca, respaldada por el presidente Alejandro Giammattei, le imputa al titular de El Periódico, José Rubén Zamora, encarcelado hace un mes.

“Lavado de dinero es cada vez una acusación más frecuente en Centroamérica” para procesar a periodistas, explica Carlos Dada, director del medio salvadoreño El Faro, señalado por lo mismo.

El Faro ha denunciado negociaciones secretas del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas.

“La concentración de poder en las manos de regímenes autoritarios, cada vez más va consiguiendo silenciar a sus críticos y a la prensa independiente (...) el acoso es cada vez mayor”, asegura Dada.

Los acusados afirman que se trata de casos fabricados para callarlos. En Nicaragua y El Salvador, los gobernantes sostienen que estos medios son financiados desde el exterior para desestabilizar el país y los consideran opositores.

“La estrategia de ahogo a la prensa independiente, que se instaló en Cuba hace décadas y que fue impulsada en Venezuela y otros países de la región, fue perfeccionada en los últimos tiempos por el régimen” de Ortega, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Al exilio

En julio, Oscar Navarrete, fotógrafo de La Prensa de Nicaragua, cubría la expulsión de ese país de monjas de la Asociación de las Misioneras de la Caridad, de la congregación de Teresa de Calcuta, que el gobierno de Ortega ilegalizó junto a otras 1.500 organizaciones.

Acompañó el traslado de las religiosas por carretera hacia Costa Rica. Cuando volvía a casa, fue alertado de que iban a detenerlo y se escondió. Su vivienda fue allanada por la policía.

“Se llevaron todos mis equipos (...), arrasaron con todo, una forma tan violenta que mi madre entró en shock”, relató Oscar, hoy exiliado en Costa Rica.

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Actualmente toda la redacción de La Prensa opera desde San José. Más de un centenar de periodistas críticos de Ortega están en el exilio y varios presos.

“Matar al periódico”

Zamora, presidente de El Periódico, acusa a Giammattei y a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, de armar un caso para encerrarlo.

El Gobierno de Estados Unidos colocó a Porras en una lista de personajes corruptos por obstaculizar el trabajo de un fiscal antimafias al que despidió.

El Periódico publicó más de un centenar de investigaciones sobre la gestión de Giammattei, “intolerante a la crítica”, comentó Lucy Chay, subdirectora del diario. Entre las denuncias hechas hay una sobre un presunto pago de sobornos.

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Además de arrestar a Zamora, congelaron las cuentas del diario. “La intención es matar al periódico”, dice Chay.

“Parecen estarse intensificando los esfuerzos por acosar a los periodistas que investigan la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y los abusos de poder”, dijo Juan Pappier, de Human Rights Watch (HRW).

Espiados

Como parte de su ataque contra grupos criminales, El Salvador aprobó una ley que pena con hasta 15 años de cárcel a quienes (incluidos los medios) reproduzcan mensajes de pandillas.

Precisamente, El Faro ha publicado testimonios de personas que se identificaron como pandilleros y admitieron negociaciones con Bukele, que lo niega.

Dada recordó que su celular y los de una veintena de trabajadores de El Faro fueron infectados por el programa espía Pegasus, una tecnología que solo es vendida a agencias estatales. El gobierno rechazó estar detrás de eso.

Los peligros de ejercer el periodismo en Centroamérica son incluso de muerte. Honduras registra 97 asesinatos de comunicadores desde 2001, según el Comité por la Libre Expresión de ese país. La mayoría de esos crímenes sigue sin castigo.

De acuerdo con Amada Ponce, directora del Comité, en Honduras hay temas de los que no se puede hablar sin correr riesgos como el narcotráfico y la minería.

Quienes ejercen el periodismo “con dignidad y ética son perseguidos de forma judicial o amenazados”, lamentó.