Los dueños de gimnasios y de farmacias están que se suben por las paredes no porque los van a clavar con más impuestos, con el plan fiscal, sino por la alcahuetería con el sector médico, al que el gobierno de Carlos Alvarado le comió gallina.

“A nosotros nos quieren cobrar un 13% más (dependiendo del gimnasio cada cliente pagaría entre ¢3.500 y ¢7.500 más por mes) y no estamos de acuerdo cuando nos damos cuenta que a un grupo, como el de los médicos, les dejan un privilegio tan grande como ese que tienen (enganche médico)”, aseguró Karla Solís, dueña de Eka Gimnasio Boutique, que está en el primer piso del edificio Centauro en Guadalupe, y miembro de la Asociación Centros de Acondicionamiento Físico (CAFCO).

La bronca se da porque el 22 de agosto, cinco de los nueve diputados que integran la Comisión Especial de Plan Fiscal, aprobaron eliminar el aumento salarial o “enganche médico” que reciben los médicos con el grado de licenciatura o superior, cada vez que el Gobierno hace aumentos a otros funcionarios de ministerios que nada tienen que ver con la tarea hospitalaria, como educadores o conserjes.

Para que le quede más clarito, si a un maestro que gana ¢800 mil le aumentan el salario en un 5%, el Estado le desembolsará ¢40 mil adicionales, pero a la vez, a un médico que gana ¢2 millones, le tendrá que dar otros ¢100 mil más.

Esta medida sí hubiera ayudado a frenar el gasto en el sector público que el presidente Alvarado prometió en campaña; sin embargo, el hombre se nos arrugó.

El 22 de agosto, los legisladores que votaron para que se eliminara este costoso e indignante beneficio fueron los liberacionistas Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales, además del socialcristiano Pedro Múñoz y el oficialista Welmer Ramos.

Mientras que los cuatro restantes que lo hicieron en contra fueron José María Villalta del Frente Amplio, Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank de Restauración y Wálter Múñoz de Integración Nacional, quien además es médico.

A pesar de que en ese momento todo hacía pensar que se iba a eliminar esa abusiva y cara ley, este miércoles, Welmer Ramos, quien es diputado del Partido Acción Ciudadana, echó para atrás.

No mienta

A pesar de que el ministro de la Presidencia popularizó la frase “no mienta”, en la campaña electoral, al parecer, como que se le olvidó.

Casa Presidencial envió un comunicado en el que Piza explica que quitarle ese privilegio a los médicos es inconstitucional y pondría el riesgo el plan fiscal.

Pero resulta que la cosa no es así, y fue una estrategia para disimular que al Gobierno le agarró canillera por la amenaza a huelga.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa aclaró que eliminar el privilegio se ajusta perfectamente a las reformas salariales del sector público que propone el plan fiscal.

En dos platos, no habría nada ilegal en quitar el privilegio de lujo que tienen los doctores.

Uno de los que alzó la voz tras la decisión del diputado Welmer Ramos, del PAC, de echarse para atrás, fue Pedro Muñoz, diputado del PUSC, quien dijo que al Gobierno le faltan pantalones, ya que a su criterio, se dejaron impresionar por los gremios de médicos que amenazaron con realizar protestas y paralizar servicios si les eliminaban esa remuneración.

“Le tiemblan las piernas al Poder Ejecutivo, echan para atrás y comienzan a cederle a los gremios. Eso es esta semana ¿Qué va a pasar la semana entrante cuando esté la huelga? ¿A cuántos gremios más le van a aflojar la otra semana?”, enfatizó Muñoz.

Están indefensos

Con el plan fiscal que se quiere aprobar para “sanar las finanzas públicas”, los dueños de gimnasios deberán pagar un 13% más a Hacienda; sin embargo, ellos no pueden amenazar con hacer huelgas, como lo hicieron algunos gremios del sector salud, ya que no son tantos y además no se pueden dar el lujo de cerrar un día.

Karla Solís aseguró que no está en contra de pagar impuestos, pero lo que no comparte es que la ley no se aplique igual para todos.

Además de los gimnasios, las farmacias también tendrían que poner su granito de arena, ya que la mayoría de los medicamentos pagaría un 2% más de impuestos.

Jurgen Barrantes, dueño de la farmacia El Botiquín, en Pavas, no comparte que a los doctores les mantuviera el beneficio.

“Yo estoy en una zona vulnerable y sé que un dos por ciento podría representar cien colones, quinientos colones o hasta mil colones que no todos pueden pagar, yo pienso que los más afectados van a ser los consumidores porque son ellos los que van a tener que sacar más plata para pagar por algo que es necesario”, mencionó Barrantes.

Rosa Cedeño, quien tiene un salón de belleza en San Juan de Dios de Desampa, afirmó que con más impuestos será más complicado mantener su negocio.

“A nosotros nos van a cobrar el trece por ciento, eso quiere decir que aquí ya nadie va a venir y entonces ¿Cómo hacemos para trabajar? Nos están jodiendo a los que más necesitamos trabajar”, aseguró, y con toda la razón del mundo, esta pulseadora.