El Ministerio de Educación salió bien regañado con el noveno informe del Estado de la Educación 2023, principalmente por los cambios constantes y en muy corto tiempo para las pruebas nacionales estandarizadas que buscan monitorear el aprendizaje real de los estudiantes, según su nivel académico.

Ese estudio determinó que tras la cancelación de las pruebas de bachillerato, que se aplicaron de 1988 y 2018, el país entró en una fase de gran inestabilidad.

La coordinadora del programa, Isabel Román Vega, fue enfática en su crítica. “Pasamos de bachillerato a las pruebas FARO y de FARO a ensayar una nueva prueba nacional (estandarizada). Tantos cambios en tan corto tiempo dificultan el seguimiento y la comparación”, cuestionó.

Los expertos llaman a ese tipo de prueba “macroevaluación” y para Román, no tener buena macroevaluación es como navegar sin brújula. “Esto es lo que estamos haciendo, cuando más necesitábamos una brújula para recuperarnos del apagón y de los atrasos históricos”.

Pero la evaluación en el aula tampoco pasó la nota, debido también al vaivén de las modificaciones en los últimos cinco años, por ejemplo, las pruebas comprensivas que el MEP ordenó a partir del curso lectivo de este año.

“Ni los estudiantes ni los docentes pudieron saben a qué atenerse”, explicó la especialista.

Respuestas insuficientes.

Uno de los cuatro mensajes del informe se centró en que las respuestas institucionales han resultado insuficientes para salir de la crisis educativa, especialmente en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

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En los dos últimos cursos lectivos, el MEP mostró serios problemas para ejecutar planes remediales para el día después del apagón y eso pasó una factura muy cara, concluye el estudio.

Una de las fallas se dio con las medidas de nivelación de aprendizaje diseñadas por el MEP, al retornar las clases presenciales y que “se aplicaron de manera parcial y sin seguimiento a los resultados”.