EscucharEste curso lectivo 2026 inició llena de órdenes sanitarias en centros educativos, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP); un tema claramente preocupante.
Se contabilizaron 872 órdenes sanitarias, apenas un poquito menos que las 885 que se reportaron el año pasado.
Del total actual, 101 tienen alerta roja, lo que implica cierre total o parcial de las instalaciones. Además, 622 presentan alerta amarilla, que requiere mantenimientos mayores con las instalaciones abiertas, y 149 están en verde, categoría que contempla reparaciones menores o medidas preventivas, pero que sino se atienden pronto subirán de categoría.
“El problema de fondo es que la infraestructura de los centros educativos también promueve el aprendizaje. Las condiciones en que se encuentran son determinantes para que exista un ambiente seguro y propicio”, aseguró Karla Salguero, viceministra de Educación, quien ocupó este cargo durante seis meses en el actual gobierno.
La exviceministra señaló que el deterioro de la infraestructura también facilita que la criminalidad penetre en los centros educativos.
Aunque hay una leve disminución en la cantidad de órdenes sanitarias, afirmó que la infraestructura sigue en abandono y requiere inversión urgente.
“Hay que invertir no solo para resolver las órdenes sanitarias, sino también para atender otros centros que no reciben las reparaciones necesarias. Hay escuelas que no se pintan en años o tienen paredes en mal estado”, comentó.
Salguero explicó que un centro con orden sanitaria no necesariamente está en buen estado. Algunas escuelas y colegios carecen de equipamiento adecuado o condiciones de seguridad, lo que los hace vulnerables a robos de computadoras y otros insumos.
Consultamos al MEP la lista actualizada de los centros con órdenes sanitarias; sin embargo, indicaron que por ahora solo cuentan con la cifra general.
No disminuye la crisis
La exviceministra insistió en que la reducción en el número de órdenes sanitarias no significa que la crisis de infraestructura haya terminado.
“Hay que considerar no solo la calidad de la infraestructura, sino su suficiencia. Aunque algunas comunidades se organizan para dar mantenimiento, existen centros en situaciones críticas que no cuentan con adecuaciones para el clima o el contexto donde están”, dijo.
Para atender el problema, señaló que el MEP debe garantizar mayor inversión para asegurar condiciones adecuadas y una educación de calidad.
“Se ha trasladado el costo de la inversión en educación a docentes y familias. A través de juntas de educación y organizaciones comunales se intenta sostener el sistema, cuando es responsabilidad del Estado por mandato constitucional”, afirmó.
Salguero considera que el sistema podría mejorar si la inversión aumenta progresivamente hasta alcanzar, al menos, el 8% del PIB.
“Mientras haya reducción presupuestaria o aumentos que no se sostienen en el tiempo, no veremos una mejoría real”, aseguró.
Escuelas y colegios en ruinas
En los últimos años, medios nacionales han denunciado el deterioro de varios centros educativos.
Uno de los casos fue el del Colegio de Gravilias de Desamparados, que contaba con órdenes sanitarias desde 2021. Estudiantes, docentes y personal administrativo debieron desalojar las instalaciones y trasladarse a un edificio con espacio limitado. Incluso, el año pasado se informó que los estudiantes que querían comer debían regresar a las antiguas instalaciones por falta de espacio.
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En 2024 también se reportó la situación en la escuela Las Rosas, en el territorio Bribri de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, donde los estudiantes debían hacer sus necesidades en un hueco porque los servicios sanitarios no funcionaban.
Defensoría advierte amenaza
La Defensoría de los Habitantes advirtió que la disminución del presupuesto educativo amenaza la equidad en la educación.
Según indicó, la reducción presupuestaria ha provocado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros para cubrir electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.
En 2024, un 11% de las juntas administró menos de ¢5,5 millones anuales, mientras un 18% manejó más de ¢88 millones, lo que evidencia una brecha en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que algunos centros pueden financiar alimentación e infraestructura, mientras otros apenas sostienen servicios básicos.
La Defensoría llamó a reformar el modelo de financiamiento bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia.
Salguero concluyó que la Constitución Política establece la obligación de garantizar una educación de calidad en condiciones dignas y seguras.
“Es mandato constitucional asegurar que los estudiantes permanezcan en aulas dignas, que los docentes cuenten con condiciones y recursos adecuados, y que las familias confíen en que sus hijos están en lugares seguros”, finalizó.
