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El Ministerio de Educación Pública (MEP) tomó una decisión sobre el profesor, de apellidos Galo Reyes, que habría sido captado en un motel con una menor de edad.
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Según las autoridades, él fue reubicado a labores administrativas fuera del centro educativo donde trabajaba.
Al parecer, él laboraba como profesor de inglés en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Cartago.
Las autoridades le abrieron un proceso de investigación en paralelo al proceso de la Fiscalía. Una vez que se llegue a una resolución, el MEP tomará las medidas correspondientes, es decir, si lo despedirán o no.
Mientras tanto, el docente se mantendrá lejos de las aulas.
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Alfonso Ruiz nos explicó que el MEP primero tiene que hacer una investigación completa de las circunstancias, antes de tomar una decisión de despedirlo o no.
“Nuestra legislación establece una distinción cuando el adulto lleva a la fuerza a la persona o cuando comete el delito a la fuerza contra la persona, es distinto a cuando el menor de edad está consciente en la realización de algunos actos”, dijo.
“Ningún funcionario público puede ser despedido sin la realización de un procedimiento previo que determine su responsabilidad y por ende su sanción, igual que en las condenas judiciales”, añadió.
El caso
El incidente ocurrió la semana pasada, según una denuncia presentada por el padre de familia de la joven de 16 años, con quien Galo Reyes habría ido al motel.
Supuestamente, él recogió a la muchacha para luego a ir al establecimiento en horas de la madrugada del viernes 29 de agosto.
Los padres de la joven se dieron cuenta, y por medio del celular de su hija, lograron llegar hasta donde se encontraba ella y alertaron a las autoridades.
El profesor fue detenido en San Francisco de Dos Ríos.
La Unidad de Género de Goicoechea está investigando este incidente bajo el expediente 25-000803-1898-PE.
Mientras indagan, las autoridades le impusieron medidas cautelares como mantener un domicilio fijo, presentarse a firmar una vez a la semana, impedimento de salida del país, no tener contacto con la menor o su familia y no impartir clases en el mismo centro educativo donde la presunta víctima asiste, por un mes.
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