Un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Laura Fernández propone dirigir al pago de pensiones del Régimen No Contributivo el aporte patronal del 0,25 % de los salarios que permanecen en el Banco Popular, lo que representaría una disminución de ¢150.028 millones en la capitalización acumulada de la entidad entre 2027 y 2030.
En medio de la advertencia que realizó el banco en torno a cómo esto afectaría su operación y, por otra parte, el beneficio que recibirían las pensiones no contributivas, La Teja consultó a expertos en economía, quienes dieron su parecer ante este escenario.
El economista Leiner Vargas recuerda que en nuestro país existen cuatro pilares del sistema de pensiones: la pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el esquema de ahorro conocido como Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP); un tercer pilar que es de ahorro voluntario para complementar la pensión; y el último, destinado a todos los que quedan fuera de los anteriores: el esquema no contributivo.
Precisamente, este último sector sería el beneficiario si se concretara esta medida, ya que recibiría los fondos que anteriormente ingresaban al banco por el pago de salarios.
“El proyecto de ley en discusión lo que haría es trasladar ese monto que está ahora destinado a financiar el capital del Banco Popular, al régimen no contributivo. Es decir, básicamente considerar eso que era un subsidio al Banco Popular ahora hacerle un subsidio, pero al régimen no contributivo de pensiones que lo administra la Caja del Seguro Social”.
¿Afecta al banco?
El economista Fernando Rodríguez explica que, de aplicarse esta decisión, el banco tendría que reducir en parte su capacidad de otorgar préstamos, pero no afectaría, a grandes rasgos, a la entidad.
“No le va a provocar un riesgo financiero, no va a desestabilizar el banco, lo que hace es simplemente que ya no no va a acumular eso como capital, y eso le reduce la capacidad para prestar más plata. Eso sí, a los clientes no les va a pasar nada, no les va a generar ningún problema, no les va a generar ninguna dificultad financiera ni va a provocar ninguna complicación para que la gente pueda acceder a sus recursos o recuperar sus inversiones”, indica Rodríguez.
Por su parte, Vargas coincide en la afectación al banco, pero hace una salvedad desde su criterio.
“Lo afecta desde la perspectiva de que pierde ese subsidio y por lo tanto va a tener que reducir costos o acomodar su estrategia de mercadeo y de venta de productos acorde con esa condición, digamos, de menor competitividad en el mercado. ¿Cuánto le afecta? Bueno, yo creo que ya el Banco Popular tiene, digamos, una fortaleza suficiente como para no necesitar ese subsidio o por lo menos para no necesitarlo como un tema de sostenibilidad del banco".
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Una ayuda para el no contributivo
Asimismo, el experto explica que es muy importante que el sistema de pensiones del Régimen No Contributivo tenga un financiamiento estable, lo que se conseguiría si se aplicara la iniciativa del proyecto de ley.
“Creo y mi recomendación particular sería de que se haga a través de un mecanismo de tractos, es decir, que se entregue en 5 años, por ejemplo, y que se vaya generando un escalonamiento, en el primer año 20%, en el segundo un 40, 60, 80 y hasta llegar al 100%, de tal manera que el banco tenga 5 años para adaptar su estrategia de acople a la nueva condición. Eso me parecería que es mucho más prudente que la propuesta original, de una vez trasladar el monto completo al esquema de la caja”.
Además, hace la salvedad de que con esto no se fortalece el sistema de pensiones, sino el subsidio del Régimen No Contributivo, lo cual sería muy beneficioso, ya que atiende a un sector fuertemente excluido del mercado laboral que también necesita esta ayuda.



