Así como una manzana embarcó a Eva, lo mismo podemos decir que le pasó al presidente Rodrigo Chaves, pues un Iphone --de la marca “Apple” (manzana en inglés)-- lo metió en el mayor escándalo en lo que lleva de gestión.

Es por eso que en La Teja decimos nombrar como el personaje del año al celular que sirvió de grabadora para destapar las irregulares formas en las que estaban trabajando Chaves y algunos funcionarios de Casa Presidencial cercanos a él.

Hablamos del teléfono personal de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, un Iphone 11 negro que grabó reuniones en las que deja muy mal parado no solo a Chaves, sino también al actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

En las últimas semanas el periódico La Nación ha publicado esclarecedores reportajes dando a conocer los famosos audios que le suministró Navarro y en los que han salido a luz situaciones bastantes comprometedoras para Chaves, tanto así que algunas ya están siendo investigadas en la Fiscalía.

Según supo La Teja, ese celular asistió de incógnito a las reuniones para grabar lo que ahí pasaba. Siempre estaba escondido entre documentos para no levantar sospechas.

LEA MÁS: ¿Se aplicaría su propia orina en el rostro? Reina de belleza tica abre el debate con particular técnica

La información captada por el teléfono es tan importante que ya está en manos de la Fiscalía y se inició una investigación para determinar si los audios revelan algún delito cometido por el mandatario Chaves u otro funcionario del Gobierno.

El celular grabó conversaciones desde el 10 de mayo del 2022 en adelante, porque Navarro quería “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”.

Serias revelaciones

Para que usted tenga idea de lo importante que fue el celular, le vamos a contar qué tipo de informaciones grabó y luego dio a conocer ante la ciudadanía.

Uno de las grabaciones más reveladoras es sobre la contratación irregular del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas.

Aunque parezca una broma, Bulgarelli hizo el concurso para contratar una empresa de comunicación para el Gobierno y al final lo terminó ganando él mismo.

En los audios se escucha a Rodrigo Chaves hablar sobre el contrato que sería financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También quedó claro que el mandatario se aseguró de que su amigo cercano, Federico Cruz, alias Choreco, formara parte del contrato.

Además, quedó en evidencia que Chaves pidió ver el contrato con el BCIE porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.

En otra de las entregas de los audios se escuchar al presidente hablar de tomar el control de los presupuestos publicitarios de las instituciones del Estado para distribuirlos según su criterio.

La estrategia incluía lanzar un mensaje que advirtiera a los jerarcas de esas instituciones que estaban siendo vigilados y serían “decapitados”, si no colaboraban.

También se empezó a escuchar el térmimo “democratización” que pretendía dejar de pautar en las empresas de comunicación grandes que han sido críticas con el Gobierno. Una muestra de ello es que en uno de los audios se escucha a Chaves pedir que disminuya la publicidad de Kolbi en Canal 7.

LEA MÁS: Un aparato que usan los niños y adolescentes es la ventana por la que atacan los depredadores sexuales

Se bailó a la gente

Uno de los audios que deja en evidencia que el presidente ha manipulado informaciones es sobre la vacunación obligatoria contra el covid-19, que Chaves firmó en un acto público el día del traspaso de poderes, el 8 de mayo del 2022, y en realidad no estaba redactado.

Ese día, Chaves firmó un documento junto con la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, en la Antigua Aduana, en San José, pero las grabaciones revelan que dos días después del acto, el presidente, ministros y otras figuras de su equipo aún discutían qué iban a decretar.

El celular también cantó que los altos funcionarios de Casa Presidencial idearon un plan para ocultar una orden girada por el mandatario Chaves a los ministros y presidentes ejecutivos de suspender toda publicidad estatal a La Nación, Canal 7, CRHoy y el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda.

Los personeros buscaron una “ruta legal” para contestar consultas de la periodista Wilma Ibarra y la Sala IV sin tener que admitir la existencia de la instrucción de Chaves, la cual fue girada por WhatsApp a los miembros del gabinete.

Además, el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que Sinart “no sirve para nada” en temas de publicidad, pero aun así meses después las instituciones estatales recibieron la orden de firmar contratos con el canal estatal.

Una de las entregas que más preocupa y en la que estuvo en riesgo hasta el astuto y atrevido personaje (el celular), fue la que contó que en una reunión el presidente Chaves pidió a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) revisar los teléfonos de varios ministros y funcionarios de Casa Presidencial que se encontraban en una reunión con él, debido a una supuesta filtración de información.

LEA MÁS: Tica que vende tamales en Estados Unidos es un pegue: “Cuando los prueban me agradecen”

Herramienta crucial

Este caso de los Audios de Presidencia son una muestra de la importancia que han tomado los celulares para captar pruebas que se usan en procesos judiciales, incluso juicios.

El abogado penalista Boris Acosta confirma esta información y relata que cada vez son más las pruebas que llegan a los juzgados obtenidas por medio de estos aparatos tecnológicos.

“Definitivamente los aparatos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras se han convertido en un insumo muy importante a la hora de realizar investigaciones para poder determinar la participación de una persona en la comisión de un delito o no.

“Podemos ver dos panoramas, uno es aquellas comunicaciones que hacen conmigo o que yo grabé. Cuando es así yo puedo aportarlas como prueba porque puedo decir que son de mi propiedad las imágenes, los audios o lo que corresponda, o que llegaron a mí en una comunicación entre mi persona y otra y tengo la potestad de autorizarlas como pruebas porque yo las estoy ofreciendo de mi dominio de privacidad. El otro recurso es cuando la prueba en realidad la aporto porque yo estuve como tercero en un evento y, efectivamente, utilizo mi celular para copiar una conversación, un video o fotografía”, explicó el legislador.

Acosta dice que también los celulares se han convertido en un mecanismo para probar la culpabilidad de sus dueños en delitos.

“Estos aparatos normalmente y en razón de que están personalizados para el uso de cada propietario, traen situaciones que evidencian muchísima de la actividad de la vida cotidiana que tiene cada quien. Estas informaciones están referidas a las conversaciones que se llevan adelante, ya sean mensajes de audio o de texto y en diferentes redes sociales.

“Para los entes investigadores como lo es el OIJ, el secuestro de aparatos como celulares, da la oportunidad eventualmente de conseguir dentro de la información que contienen como fotos, mensajes, correos electrónicos y otro tipo de evidencias que vengan a demostrar que la persona participó en hechos delictivos”, manifestó.