La reforma fiscal que se aprobó en primer debate el viernes 5 de octubre todavía tiene mucho trillo que recorrer para convertirse en Ley de la República. El proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el expediente legislativo 20.580, ha mantenido dividido al país desde el pasado 10 de setiembre.

Hasta el 8 de octubre del 2018 van 28 días en que el país está tomando té de tilo de los nervios por la crisis social que se ha desatado entre huelgas sindicales y agresiones presidenciales. El plan fiscal espera recaudar ¢422.400 millones de colones al mes de más, platica que le caería sabroso al Gobierno porque como dijo la lora “no hay plata, no hay plata”.

Primer debate

El pasado jueves 4 de octubre del 2018, terminó el trámite en la Asamblea de 368 mociones de reiteración que fueron acogidas por la presidenta del directorio legislativo, Carolina Hidalgo. Como el proyecto se fue por la vía rápida se logró votar el viernes 5 de octubre en primer debate, después del uso de la palabra por diez minutos de algunos diputados.

Esa votación finalizó 35 a favor y 22 en contra. Ahora el proyecto se va a consultar en las instituciones involucradas: Banco Central de Costa Rica (BCCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos del Gobierno y las 81 municipalidades, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las instituciones autónomas y las universidades estatales, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Esas instituciones tienen 8 días hábiles para pegar el brinco ante la Asamblea Legislativa si consideran que algo del plan fiscal los afecta negativamente. Durante esos ocho días el proyecto se queda quieto en primera por dos semanas.

Aprobar en primer debate el actual plan fiscal no significa que ya queda listo para pintura el asunto y que con la aprobación en segundo debate todo entra en vigencia. Antes de la aprobación en segundo debate faltaría todavía que la Sala Cuarta diga si es constitucional o no.

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El que más gana, más paga

El Gobierno ha dejado bien claro que con la reforma fiscal Hacienda recaudaría al menos ¢422.400 millones de más al mes, para ayudarse a apagar el incendio del déficit fiscal que quema nuestro Estado. La mayor cantidad de harina ingresará al transformarse el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA), algo que va a generar ¢181.500 millones.

La mayoría de productos y servicios que los ticos consumimos se mantendrán con el 13% de impuesto y también habrá un menor impuesto para la canasta básica, a la cual se le aplicaría un 1% de impuesto. Los médicos privados y abogados comenzarían a pagar IVA.

Los que más plata ganan, pagarían más, por eso se crea un impuesto al salario y otro para las ganancias de los certificados de inversión.

Otro de los temas de fondo que ataca la reforma fiscal es el gasto público, poniéndole freno de raya a muchos salarios gubernamentales en temas como aumentos por anualidades, pluses como los de dedicación exclusiva y se entierran los pagos por confidencialidad y discrecionalidad. Lo que busca el proyecto, también, es evitar los gastos descontrolados en el Estado.

Desde el 2010 tuvo que aprobarse

Las batallas entre partidos políticos y fuerzas sociales por una reforma fiscal prácticamente arrancó en el 2010, siendo Laura Chinchilla Miranda la presidenta de Costa Rica, ella promovió la Ley de Solidaridad Tributaria pero un salacuartazo se la trajo abajo. Chinchilla terminó su administración en el 2014 y cualquier tema de reforma fiscal quedó empantanado.

A partir del 2014 le tocó el turno a Luis Guillermo Solís Rivera, quien gobernó del 2014 al 2018. De una buena vez Solís dejó claro que patearía el balde de la reforma fiscal en sus dos primeros años, así que la reforma se mantuvo en el pantano 2014 y 2015.

En el 2015 la Asamblea Legislativa conoció dos proyectos, uno que transformaría el impuesto genera sobre las ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA) y otro para realizarle transformaciones a lo que se paga por renta.

Los diputados a partir de 2015 le dijeron nel pastel a esos dos proyectos y el el gobierno de Solís Rivera entonces luchó por hacer un mejunje entre los dos proyectos para que saliera uno (algo así como que del ahogado, el sombrero). Así fue como en el 2017 entró a la corriente legislativa el expediente 20.580.

La lucha política entre los Alvarado (Carlos y Fabricio) por ser el presidente de Costa Rica a partir del 2018, volvió a empantanar una intención de transformación tributaria. En febrero de este 2018 los 57 diputados de la administración de Solís Rivera, aprobaron darle vía rápida al expediente 20.580, pero todo sucedió en medio del cambio de gobierno y otra vez todo al pantano.

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Los diputados del 2014-2018 discutieron profundamente el plan fiscal pero los nuevos diputados 2018-2022, no lo iban a aprobar sin discutirlo ellos, así que le metieron la pata hasta el fondo al freno y presentaron mociones de revisión por puños.

Para el gobierno de Carlos Alvarado no fue tan feo que frenaran la vía rápida del plan fiscal en la Asamblea, porque le permitió a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, meterle mano al proyecto para lograr más platica.

Poco a poco los diputados actuales le fueron metiendo mano y cuchillo al proyecto, hasta que la ministra de Hacienda dijo que lo dejaron sin casi nada de valor para la recaudación y todo entró en punto muerto, otra vez, incluso se habló de retirarlo, pero eso se descartó y el proyecto siguió su camino hasta su aprobación en primer debate el pasado 5 de octubre.

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