EscucharA los diputados los dejaron sin la comida gratis que les daban todos los días en la sesión del plenario legislativo.
La medida de suspender el servicio de alimentación fue tomada por la administración del Congreso, mientras el Directorio Legislativo revisa la normativa que se venía aplicando para la alimentación de los diputados.
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La revisión de las reglas buscará ajustarse a lo señalado por la Contraloría General de la República (CGR).
El tema se dio porque, en una auditoria interna hecha en la Asamblea Legislativa, se cuestionó el hecho de que a los legisladores se les dé comida pagada con recursos públicos, durante todas las sesiones del plenario.
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Ante ese informe, el Directorio Legislativo envió una consulta a la Contraloría y la entidad dijo que comprar alimentos para los legisladores con recursos públicos es, en términos generales, improcedente.
La Contraloría reconoció que podría permitirse de forma excepcional, únicamente en casos en los que sea indispensable para garantizar la continuidad operativa del plenario y mantener el cuórum requerido para la validez de sus decisiones, pero no siempre como se acostumbra.
Ante eso, la Gerencia General del Congreso dijo que se buscará resguardar el principio de continuidad del servicio público que exige el desarrollo continuo e ininterrumpido del plenario legislativo.
De hecho, el espacio de cafetería donde dan comida a los diputados y que está a la pura par del plenario, según decisión del presidente legislativo, Rodrigo Arias, cuenta para el conteo del cuórum, es decir, si un diputado está ahí, es como si estuviera en el plenario, salvo en los momentos de votación, en que tiene que ir a su curul.
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En la respuesta de la Contraloría, se puntualizó que la decisión de alimentar a los diputados durante las sesiones del plenario debe sujetarse a requisitos y principios.
Por ejemplo, debe demostrarse que se trata de una condición de soporte básico indispensable para el ejercicio de las competencias constitucionales del plenario.
Además, deben aplicarse principios sobre el buen uso de recursos públicos, como son legalidad, necesidad objetiva, austeridad, finalidad pública y control presupuestario.
Eso implica que la Asamblea Legislativa debe regular con sumo cuidado el alcance del gasto, los tipos de insumos que podrían considerarse procedentes y los mecanismos de control presupuestario y fiscal aplicables.
El directorio, como máximo jerarca institucional, debe aprobar modificaciones a la normativa interna, para establecer la justificación, alcances y trazabilidad presupuestaria, como medidas de control.
“Estas acciones contribuirán a mejorar los mecanismos internos, a fin de cumplir con el ejercicio continuo de las competencias al que está obligado el pleno del Poder Legislativo”, informó la Gerencia General del Congreso.
