EscucharLas fuertes restricciones impuestas por el Gobierno y la Fuerza Pública este lunes 14 de setiembre en Cartago han generado mucha molestia y, sobre todo, dudas sobre si lo que pasó es legal.
Quienes asistieron al acto cívico público, que se llevó a cabo en la Plaza Mayor, no solo se encontraron con controles policiales en los que les exigían presentar la cédula para ingresar, sino que también algunos fueron devueltos porque llevaban un farol con una crítica social o política, o un cartel en el que manifestaban alguna incomodidad contra el gobierno, algo que atenta contra la democracia que siempre se ha defendido en el país.
Sobre esta situación, conversamos con el abogado criminalista Rogelio Ramírez, quien vivió los polémicos hechos en carne propia y explicó la gravedad del asunto.
Un golpe directo a los derechos de los ticos
Rogelio no se anduvo por las ramas y fue claro al analizar lo que hizo el Gobierno. Para él, limitar el acceso a un espacio público de esta manera no tiene justificación.
“Mire, esto es indudablemente inconstitucional. Esto infringe parte de los derechos que están garantizados en nuestra Constitución Política y que están plasmados en los artículos 26, 27 y 29”, explicó el experto con mucha preocupación.
El abogado recuerda que este tipo de actividades que se llevan a cabo en sitios públicos son precisamente un espacio para manifestar con total libertad las opiniones, los desacuerdos, las críticas y para comunicarles a los gobernantes cuando algo no le parece a la gente, todo siempre en el marco del respeto.
¡Un aplauso para los cartagineses!
A pesar del enojo que esto generó, Rogelio aplaude la actitud pacífica del pueblo. Él resalta que los cartagineses no cayeron en pleitos ni en conflictos directos con los oficiales de policía que solo cumplían órdenes.
“Me parece que los cartagineses supieron contener esa provocación que se hizo y eso hay que destacarlo”, mencionó.
Eso sí, el experto hace un llamado urgente: espera que las personas a las que se les impidió el acceso a la actividad acudan a la Sala Constitucional a hacer valer sus derechos ante esta infracción “flagrante y a la vista de todos”.
¿Tintes de autoritarismo en Tiquicia?
El abogado aclara que él no tiene ninguna bandera política, pero lo que vio ayer lo dejó muy inquieto. Para él, estas acciones demuestran que hay “tintes autoritarios” y de arbitrariedad en la forma en que están gobernando la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves.
Ramírez entiende que debe haber un dispositivo de seguridad para mantener el orden, pero asegura que lo de la noche del lunes rebasó por completo la necesidad lógica y se convirtió en un exceso.
“Cuando ya se dificulta el ingreso, se discrimina quién entra y quién no (...), yo lo que interpreto es que se han cruzado líneas que no solamente son innecesarias, sino que yo las califico como temerarias y desafortunadas”, sentenció.
Más temor para un pueblo asustado
Para cerrar, el abogado deja una reflexión importante: Costa Rica ya está sufriendo mucho por la dura lucha contra el crimen organizado y la violencia en las calles. Lo último que necesitamos es sentir agresiones por parte de nuestras propias autoridades.
“Si además de eso estamos experimentando como ciudadanos, violencia por parte de los gobernantes, del Estado (...), el pueblo lo que menos necesita es eso”, lamentó don Rogelio.
Él dice que los gobernantes deberían, más bien, dar soluciones y tranquilidad, no sumarle incertidumbre a un pueblo que ya está temeroso.
¿Qué pasará con los datos de los asistentes?
La Teja consultó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), quién dio la orden de solicitar las cédulas a los asistentes y de limitar el ingreso a las personas según los faroles y los carteles que llevaran.
También preguntamos qué pasará con los datos personales de los asistentes a la actividad, recopilados por los oficiales de la Fuerza Pública, dónde se guardarán y si serán enviados a alguna entidad o persona. Estamos a la espera de la respuesta.
