EscucharEl abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit, quien es candidato a vicepresidente por el Partido Liberal Progresista (PLP), dijo algo sobre la subasta de frecuencias de radio y televisión que preocupa mucho.
La reciente subasta de frecuencias realizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), tiene al sector de radio y televisión con las alarmas encendidas.
Las tarifas fijadas por la Sutel para esta subasta oscilan entre los $386.000 (unos ¢193 millones) por una frecuencia FM nacional digital y $1,6 millones (¢802 millones) por un canal de televisión, costos que varios concesionarios han considerado inaccesibles.
Debido a eso la participación en la subasta fue bajísima: solo 4 canales de televisión y 21 frecuencias de radio fueron ofertadas.
Gabriel Zamora dice que los precios fijados en el proceso están tan altos que representan un golpe financiero capaz de desestabilizar incluso a empresas grandes y, mucho peor, a radios y televisoras regionales que ya operan con costos ajustados.
“Esto es un impuesto disfrazado”
El abogado no se anduvo con rodeos y afirmó que los montos definidos por la Sutel, por medio de estudio internacionales, funcionan como una carga adicional injustificada.
“El precio fijado en esta subasta, en la práctica, funciona como un nuevo impuesto disfrazado para los medios; una carga desproporcionada que perjudica especialmente a quienes menos capacidad tienen para absorber estos costos”, advirtió Zamora.
El especialista recordó que las emisoras y televisoras ya sobreviven con una estructura de costos pesada: impuesto sobre utilidades, impuesto a las personas jurídicas, IVA, cargas sociales y otros gastos operativos que afectan directamente la sostenibilidad del sector.
Momento crítico: año electoral y riesgo para la libertad de expresión
La situación preocupa aún más porque el proceso se ejecutó en plena época electoral, un momento en el que el país necesita más voces, más debate y más pluralidad, no menos.
Zamora fue claro en su advertencia:
“En un año electoral, cualquier medida que eleve los costos para que los medios puedan operar debe analizarse con el máximo cuidado, porque una presión económica excesiva puede convertirse en una restricción indirecta a la libertad de expresión”, expresó.
La conclusión del abogado es contundente y deja ver un futuro nada alentador para las pequeñas emisoras comunitarias o regionales.
“De mantenerse estos criterios económicos, podrían presentarse dificultades operativas para medios pequeños y regionales, lo que eventualmente reduciría la diversidad de actores presentes en el mercado de la comunicación”.
En otras palabras, si los precios no cambian o no se ajustan, el país podría perder parte importante del ecosistema informativo que le da voz a muchas comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.
