Ver a un ministro encarando, retando y amenazando a los privados de libertad no es algo a lo que estén acostumbrados los ticos; por eso el video publicado por el Ministerio de Justicia en el que se ve al jerarca de esa cartera, Gabriel Aguilar, en esas actitudes, ha dado tanto de qué hablar.
Y es que en el video se ve a Aguilar, haciendo una revisión en una cárcel y encarando directamente a los privados de libertad.
Él los reta, asegurando que a los que se pongan “jachudos” los mandan directamente a máxima seguridad. Para demostrar que hablaba en serio, mandó sacar a dos reos. En el video se ve como los ponen en el suelo boca abajo, los esposan y se los llevan para darles una “lección” a los demás, advirtiendo que nadie más debía sacar “jacha”.
¿Está bien o está mal lo que hizo el jerarca?
El criminólogo y abogado Rogelio Ramírez fue muy duro y directo sobre el tema. Él siente una gran preocupación por lo que califica como “improvisación galopante” y arbitrariedad en las decisiones del Gobierno.
Rogelio recuerda una regla de oro: los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Él asegura que salirse del canasto e improvisar sanciones es un abuso o un delito porque va en contra del principio constitucional de legalidad.
Es cierto que las cárceles son lugares con reglas muy estrictas, pero el experto aclara que cualquier castigo, como mandar a un reo a alta contención, requiere siempre un respaldo técnico y objetivo.
“Si no hay fundamento técnico, lo que queda es la venganza, la arbitrariedad, el abuso y la ilegalidad”, advirtió el criminólogo, recordando que no se puede sustituir la voz de los especialistas por una decisión antojadiza.
¿Se puede ser líder sin respetar la ley?
Para Ramírez, una cosa es tener poder y otra muy distinta es ganarse el respeto. Alejarse de la legalidad solo demuestra incapacidad a la hora de liderar.
“En ausencia o desprecio de esa base (la ley), lo que queda no es un funcionario, es un delincuente”, sentenció el especialista en criminología.
“Esa es la realidad y el hábito en las cárceles”
Por su parte, el abogado penalista Boris Acosta explica que aunque el video suene fuerte y choque, esa es la realidad habitual en los centros penales.
Boris detalla que cuando alguien está tras las rejas, queda a la orden de lo que determine el Ministerio de Justicia. Si los reos se portan mal, arman grupos peligrosos o les encuentran “cuchillos artesanales”, como se ve en el video del ministro, el sistema tiene que actuar.
“Si usted se porta como un chiquito malcriado (...), él (el ministro) toma la decisión de que, por ser gente peligrosa, la pasa a centros de contención más severos”, dice el abogado.
“No quiere decir con eso que se esté haciendo un bien, pero es que el hábito”, agregó.
Psicóloga dice que actitud del ministro preocupa
La psicóloga María Ester Flores analizó el comportamiento del ministro en el video y lo que dijo preocupa.
Ella aclaró que no puede hacer un diagnóstico clínico porque el ministro no es su paciente, pero sí hizo un análisis de las actitudes que todos vieron en esa grabación pública.
Para la experta, usar una investidura policial, un uniforme y el respaldo de otros oficiales para imponerse con amenazas es, ni más ni menos, que aplicar la psicología del terror.
“Está diciéndole el mensaje implícito: ‘Si me caés mal, si me hacés una mueca o no obedecés exactamente a mis caprichos, te castigo’”, explicó con preocupación la especialista.
Según detalla Flores, ver a una figura de poder actuando de esa manera refleja una actitud de matonismo o bullying, donde parece que se busca hacer un “show” ante las cámaras para demostrar grandeza maltratando a otros.
El gran problema es que el jerarca está llevando la ley y el orden a un plano puramente personal. Mandar a alguien a máxima seguridad solo porque se sintió lesionado en lo personal o porque un reo le hizo una mala cara no es lo normal en Costa Rica.
Defensoría regañó al ministro
El video encendió las alarmas de la Defensoría de los Habitantes y por eso mandó un fuerte comunicado en el que muestra su más profunda preocupación.
Para la Defensoría, los gritos, tirarlos al suelo y usar ese tipo de vocabulario denigrante son conductas verbales violentas y vejaciones que atacan directamente la dignidad humana de estas personas.
Además, recordaron un detalle importante: mover a un preso a un régimen de máxima seguridad no se puede hacer simplemente por el impulso o el enojo de una autoridad política.
Explicaron que existen procedimientos técnicos y normativos, como la Circular N.º 1-2026, que obligan a hacer una valoración profesional antes de mandar a alguien al Circuito de Alta Contención (CACCO). Hacerlo “a dedo” quebranta el principio de legalidad y el debido proceso.
