EscucharPara muchas personas que se dedican a cuidar personas con discapacidad, el reloj no tiene horas de descanso.
Han tenido que postergar sus sueños, sus empleos y su propia salud para dedicarse al cuidado total de un familiar con dependencia.
Hoy, el proyecto de Ley N.° 25397, impulsado por la diputada Dinorah Barquero, busca que ese esfuerzo deje de ser un sacrificio silencioso y se convierta en un derecho protegido.
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Una “triple vulnerabilidad” al terminar el cuidado
El proyecto nace de una realidad cruel: cuando la persona cuidada fallece, quien la atendió se queda sin ingresos, sin ahorros, sin trabajo y con un vacío emocional inmenso. A esto se le llama vulnerabilidad emocional, económica y laboral.
“Esta ley no crea un gasto, reconoce una inversión ya hecha”, detalla la justificación de la iniciativa, recordando que si el Estado tuviera que pagar por esos servicios de enfermería y cuido, el costo superaría fácilmente los ¢1.200.000 mensuales por persona.
Los 3 pilares que cambiarían vidas
La propuesta no solo reconoce el esfuerzo, sino que ofrece soluciones concretas:
- Pensión de Transición (PTPC): Un apoyo económico por hasta 24 meses después de que finaliza el periodo de cuidado (por fallecimiento o institucionalización), para que la persona tenga un respiro mientras intenta rehacer su vida.
- Pensión de Reconocimiento (PRC): Una prestación vitalicia para quienes han dedicado 10 años o más al cuidado exclusivo y se encuentran en situación de pobreza.
- Semanas cotizadas para la pensión: La CCSS reconocería hasta 4 años de cuido como tiempo cotizado para la jubilación (IVM), evitando que estas personas lleguen a la vejez sin seguro.
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¿Quiénes podrían beneficiarse?
La ley apunta a las personas cuidadoras principales no remuneradas que dediquen al menos 35 horas semanales a estas tareas.
Para evitar fraudes, se creará el Registro Nacional de Personas Cuidadoras (RNPC), que cruzará datos con el IMAS y la CCSS para asegurar que la ayuda llegue a quien realmente lo necesita.
Además, en caso de comprobarse que hubo engaños para cobrar plata del Estado, se podrá exigir el reembolso del dinero otorgado al cuidador.
“Para blindar la integridad del sistema, la iniciativa define con precisión quién es ‘persona cuidadora no remunerada’ y cómo se acredita la dependencia; excluye los casos con remuneración regular o relación laboral; exige verificaciones cruzadas entre RNPC, SIPO (Sistema de Información de la Problacion Objetivo), EDUS y Registro Civil; incorpora trazabilidad mediante constancias periódicas y visitas domiciliares selectivas; y establece sanciones y reintegros en caso de falsedad o cobro indebido. De este modo, se atienden de forma preventiva las objeciones relativas al fraude o la simulación”, detalla el texto.
Este proyecto es, en palabras de sus motivos, un acto de humanidad para quienes han sostenido el bienestar de la nación desde el anonimato de sus hogares.
