EscucharUn proyecto de ley presentado por la diputada Cindy Blanco, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), está dando mucho de qué hablar e incluso ha sido cuestionado por varios expertos.
La legisladora presentó una iniciativa para que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) done una propiedad a una iglesia evengélica, específicamente a la Asociación Cristiana Sinaí del Príncipe de Paz.
La organización está ubicada en la comunidad de Cocorí (San Francisco de Agua Caliente, Cartago).
Según detalla el proyecto de ley, el terreno mide 5.000 metros cuadrados.
La iglesia ha ocupado este espacio por más de 25 años mediante contratos de préstamo, conocidos legalmente como comodato.
Iglesia hace una labor social
La diputada Blanco asegura que en ese lugar se hace un trabajo muy noble. Ahí operan programas como un comedor infantil, de prevención de drogas y de atención a adultos mayores en riesgo social.
El proyecto de la oficialista defiende que la donación busca darle seguridad jurídica a la iglesia, ya que al no tener el lote a su nombre, no puede ampliar sus planes ni conseguir nuevo financiamiento.
El documento incluye una regla clara: si la asociación llega a disolverse o usa el terreno para otra cosa que no sea bienestar social, la propiedad volverá de inmediato y de pleno derecho a manos del INVU.
“El Estado no puede estar donando terrenos por razones religiosas”
Pese a lo bonito que suena la obra social, el tema tiene muchísima tela que cortar. En La Teja conversamos con el politólogo y sociólogo Francisco Barahona, quien explicó por qué este movimiento es tan delicado.
Francisco fue claro al advertir que los bienes públicos deben manejarse con lupa. “El Estado no puede estar donando terrenos por razones religiosas. Me parece que eso es un tema delicado”, señaló el experto.
LEA MÁS: Candidatos evangélicos del PPSO: ¿quiénes son y qué vínculos tienen con la iglesia?
Para él, lo mínimo que se debe hacer antes de tomar una decisión tan grande es consultar formalmente al INVU y a la Municipalidad respectiva para ver si están de acuerdo con soltar el terreno.
Incluso el politólogo fue más allá y tiró una propuesta sobre la mesa.
“Si es una iglesia poderosa también podría analizarse que en lugar de una donación sea una compra-venta. Porque bien o mal es un bien inmueble que se pasaría a esta iglesia”, manifestó.
Los votos y el peso político
Otro punto que pone a muchos a pensar es la fuerza política que hay detrás de esta solicitud. Según el análisis de Barahona, existe un acercamiento evidente del gobierno de la presidenta Laura Fernández con el sector evangélico y esto estaba claro desde antes de las elecciones presidenciales.
Actualmente, el oficialismo cuenta con 31 votos en la Asamblea Legislativa, lo que significa que tiene la fuerza suficiente para aprobar la solicitud de la diputada Blanco sin problema.
Sin embargo, el analista hace un llamado a la prudencia total.
“El procedimiento no puede ser solamente de simpatía política ahí entre los compañeros. Hay que recordar que hay varios diputados que también son pastores o están ligados al sector evangélico”, advirtió don Francisco.
El experto cerró la entrevista con una frase contundente, asegurando que esto “no es un juego de chapitas” y aclarando que su crítica sería exactamente la misma si la donación fuera para la Iglesia católica o cualquier otra.
