Este viernes, la tensión en la Asamblea Legislativa subió al máximo. El posible acuerdo que estaban trabajando los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) se cayó.
Ellos estaban discutiendo para lograr puntos en común con respecto al proyecto de ley de Armonización Eléctrica. Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, dijo que ya casi tenían el apoyo de siete legisladores liberacionistas, pero este viernes ellos les pusieron condiciones y con eso se vino abajo todo lo avanzado.
El ultimátum verdiblanco: “Sin plata para las U, no hay diálogo”
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) se plantó fuerte y le puso una condición innegociable al Gobierno.
Los diputados liberacionistas informaron que su permanencia en la mesa de negociación sobre el sector eléctrico está sujeta a que el Poder Ejecutivo no haga más recortes a los presupuestos de las universidades públicas.
Esta drástica decisión la tomaron tras escuchar las graves alertas de las autoridades académicas, quienes advierten un altísimo riesgo de cierre en varias sedes regionales.
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“Vergonzoso e inaceptable”: Oficialismo no se guardó nada
La respuesta de los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) llegó rápido y con los tacos de frente.
Para la bancada oficialista, esta condición que pone el PLN es “vergonzosa e inaceptable”. La bancada cuestionan duramente que se mezcle un tema estratégico para el desarrollo energético con las diferencias de financiamiento universitario.
Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción del PPSO, fue claro: “El futuro energético de Costa Rica no puede convertirse en moneda de cambio político”.
El diputado recordó que lo que está en juego es la estabilidad del sistema eléctrico nacional, la atracción de inversiones y la generación de empleo para los ticos. Además, señaló que defender la educación pública no puede confundirse con “defender privilegios ni mantener intacto el ‘statu quo’ universitario”.
Por su parte, Nogui Acosta reclamó que nuestro país necesita acuerdos transparentes para avanzar y no condicionamientos que puedan bloquear las decisiones de desarrollo.
¿Qué va a pasar ahora con la armonización eléctrica?
Si no logran un acuerdo sobre la ruta eléctrica antes de las tres de la tarde del próximo lunes 19 de octubre, el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional pasará directamente a discutirse en su segundo debate.
Para que este plan se convierta en una realidad, se necesitan 38 votos y en este momento el oficialismo no los tiene.
Si no consiguen ese apoyo y se les agota el plazo legal sin una salida viable, el proyecto se archivará, es decir, morirá.
¿En qué consiste el proyecto?
La polémica iniciativa propone una transformación profunda de la forma en que Costa Rica produce, comercializa y administra la electricidad.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca abrir el mercado eléctrico a una mayor participación de empresas públicas y privadas, con el argumento de mejorar la eficiencia, la competitividad y los costos de la energía. Sin embargo, la propuesta ha generado diferencias políticas por sus posibles consecuencias para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la seguridad energética y las tarifas que pagan los consumidores.
Actualmente, el ICE ocupa una posición central en el sistema eléctrico nacional: participa en la planificación, generación y transmisión de energía, además de administrar la compra de electricidad a los generadores privados. El proyecto plantea modificar ese esquema mediante la creación de un mercado mayorista en el que distintos participantes puedan negociar energía y potencia bajo reglas de competencia.
Uno de los principales cambios sería permitir que los generadores privados comercialicen su electricidad mediante contratos directos con grandes consumidores industriales y empresas comercializadoras, en lugar de depender exclusivamente de los contratos con el ICE.
