Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) tomaron una drástica decisión en un intento por frenar las condiciones en el presupuesto del Poder Judicial para el próximo año.
Los legisladores presentaron una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV por las normas de ejecución presupuestaria n.º 9, 10, 11 y 12 del artículo 7 del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2027.
En esas normas se detalla el bloqueo de ¢29.843,8 millones del presupuesto para el Poder Judicial, lo que estaría representando prácticamente un recorte de esos recursos.
¿Qué es lo que dicen las normas?
La norma 9 detalla que la liberación de ese dinero dependerá de que la institución cumpla con requisitos técnicos y certificaciones emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), así como de la autorización posterior de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público y el Plenario de la Asamblea Legislativa.
La norma 10 limita los movimientos o traslados de recursos entre subpartidas del presupuesto del Poder Judicial y de la Defensoría de los Habitantes, obligando a que dichos cambios se tramiten por la vía de un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa.
La norma 11 condiciona el uso o la ocupación de miles de plazas vacantes en el Poder Judicial (incluyendo puestos de jueces, fiscales, defensores públicos, peritos y personal del OIJ). Impide llenarlas sin un estudio previo y autorización conjunta de la Contraloría General de la República y la Corte Plena, seguido de la remisión de solicitudes a la comisión legislativa.
Por último, la norma 12 trata de la fiscalización de compensaciones y gastos operativos. Sujeta componentes de gasto institucional, compensaciones y la ejecución operativa a informes de rendición de cuentas y validación de instancias externas del Poder Ejecutivo y Legislativo.
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Normas podrían ser inconstitucionales
Los legisladores liberacionistas no ven bien la aplicación de las normas que limitan los recursos al Poder Judicial en un momento en el que el país enfrenta una difícil situación en materia de seguridad.
“Se solicita a la Sala Constitucional valorar si las disposiciones consultadas resultan compatibles con la Constitución Política y con la jurisprudencia constitucional aplicable”, se detalla en la consulta.
Ahora la Sala deberá analizar la consulta y determinar si las normas son compatibles con la Constitución Política. En caso de que se llegue a determinar que contradicen la Carta Magna, el Gobierno deberá echar para atrás con los condicionamientos al presupuesto del Poder Judicial.
