EscucharEl presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, explicó a detalle en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa cómo afectaría al país el recorte en el presupuesto que quiere hacer el Gobierno a ese poder de la República.
Aguirre explicó que ya el rebajo de 10.542 millones de colones que les quieren aplicar en la totalidad del presupuesto por sí solo les afecta un montón, pero asegura que lo que más los preocupa es que les están poniendo condiciones para poder usar otro montón de millones.
Resulta que el Poder Ejecutivo busca imponer un bloqueo de aproximadamente 30.000 millones de colones. Esa plata está en el papel, pero no la podrán usar a menos que pasen por un largo proceso de permisos y aprobaciones.
Según detallaron en la comisión, este bloqueo golpea a la seguridad informática, a la compra de vehículos, infraestructura e incluso a los alquileres de edificios judiciales.
Por ejemplo, tienen amarrados más de 10.000 millones de colones solo en el área de tecnología. Esto significa que, si no se soluciona, no podrán ni siquiera renovar las licencias para atender notificaciones por correo electrónico y quedarán vulnerables ante la criminalidad.
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¿Despachos cerrados y plazas congeladas?
Pero la situación se pone todavía más color de hormiga con la llamada norma 12. Esta regla, según los jerarcas judiciales, les impide usar las plazas vacantes a menos de que vayan a pedirle permiso y justificaciones a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría.
Orlando explicó que actualmente tienen 2.463 plazas vacantes, y casi todas están ocupadas por personal de forma interina. Si se aprueba esto, en enero no podrán utilizar esas plazas.
“Ya no podrán hacerse allanamientos, audiencias tendrán que suspenderse e incluso cerrar juzgados porque si no podemos utilizar la plaza de un juzgado donde hay un juez interino... tenemos que cerrarlo”, alertó el presidente con mucha preocupación.
El OIJ se llevaría la peor parte
Entre las áreas más afectadas por este congelamiento de plazas está el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que tiene 810 plazas vacantes. Le siguen la judicatura con 739, la dirección con 294, el Ministerio Público con 251 y la Defensa Pública con 230.
“No es fácil ser policía en estos días... todo esto se verá impactado con una reducción importante que finalmente va a incidir en el servicio de administración de justicia”, señalaron las autoridades judiciales durante la comparecencia.
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Además de todo esto, Aguirre denunció que estas normas son un golpe al Estado de derecho y una invasión, ya que colocan a los diputados casi como “coadministradores” de la plata de los tribunales.
Por ahora, la gran petición a la Asamblea es que eliminen estas normas y les devuelvan los más de 10 mil millones recortados, para evitar que el sistema se colapse.
El país atraviesa una terrible crisis de seguridad. Según datos del OIJ, al 17 de setiembre se registraban en Costa Rica 585 homicidios. La mayoría de estas muertes se debe a disputas entre grupos narcos.
Golpe internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió la semana pasada al Congreso de su país la lista de naciones que son clave para el tránsito o producción de drogas para el año fiscal 2027. Costa Rica figura en la lista de las 23 naciones.
Una de las razones por las que el país aparece ahí es la posición geográfica. Estamos ubicados justo en el medio de los países de Suramérica que producen cocaína y el gigantesco mercado estadounidense que la consume, por lo que utilizan nuestras costas y carreteras para moverla.
