Los diputados oficialistas que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa tomaron decisiones que cayeron como un balde a agua fría en el Poder Judicial.
Ellos, aprovechando que tienen mayoría en el órgano legislativo, rechazaron las mociones que buscaban eliminar unas polémicas “normas de ejecución presupuestaria”, es decir, decidieron mantener congelados casi ¢30.000 millones del Poder Judicial para el presupuesto del próximo año.
Ante este oscuro panorama de recortes y amarras, el Poder Judicial no se va a quedar de brazos cruzados. Las autoridades ya anunciaron que evalúan tomar acciones legales para defender su presupuesto y, con ello, los servicios de justicia de todos los costarricenses.
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Diputados de oposición trataron de frenar las medidas
La legisladora liberacionista Aguilar presentó mociones para intentar que se eliminaran las normas 9 y 10, que son las que tienen “secuestrados” esos ¢29.843,8 millones.
“No podemos congelarle recursos, supeditados a una norma que no tiene plazos y no va a permitir tener la posibilidad de esos recursos en el momento oportuno”, reclamó con fuerza la legisladora, calificando la medida como inconstitucional y política.
Sin embargo, los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron cada una de las peticiones para liberar la plata.
El trago amargo para el tico de a pie
Pero, ¿qué significa todo esto de las normas presupuestarias? El Poder Judicial se pronunció sobre la votación de los legisladores y ya avisó que, de mantenerse estas duras restricciones, la institución podría enfrentar un cierre técnico. Estas serían las afectaciones:
- Trámites largos y más caros: el Poder Judicial podría cerrar oficinas locales. Imagínese que, por ejemplo, la gente de Puerto Jiménez tendría que viajar en lanchas privadas hasta Golfito para sus trámites judiciales. En lugares como Cóbano, Quepos, Jacó, La Fortuna y Batán también peligran los servicios.
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- Menos fuerza contra el crimen: el OIJ tendría un recorte de ¢8.684 millones, dejándolo corto de recursos, equipos y pericias urgentes para enfrentar al peligroso crimen organizado.
- Filas y procesos más lentos: ahorita hay 259 plazas vacantes de jueces. Sin esa plata, no se puede sustituir al personal, lo que significa que su demanda o trámite tardará muchísimo más tiempo en resolverse. Además, advierten limitaciones para nombrar 2.463 plazas ocupadas por personal interino.
- Caos virtual y físico: sin plata para internet ni licencias, se suspenderían audiencias virtuales y envíos de notificaciones. A esto súmele que no hay plata para arreglar ascensores o sistemas eléctricos, poniendo en riesgo los edificios actuales y hasta frenando la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires.
¿Por qué les amarran la plata?
Para que el Poder Judicial pueda ver esos casi ¢30.000 millones, Hacienda y los diputados les exigen cumplir un montón de requisitos.
Entre ellos, deben entregar estados financieros auditados del fideicomiso inmobiliario con el BCR, conseguir certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y lograr la bendición de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
Lo peor del caso es que este procedimiento no tiene un plazo definido. Aunque cumplan con todo, el dinero no se libera solito, sino que depende de que la Asamblea Legislativa se los apruebe y Hacienda dé la orden.
