EscucharLos diputados están a punto de aprobar una ley que cambiaría el uso de la tobillera electrónica en Costa Rica.
Este lunes, en una sesión extraordinaria del plenario legislativo, los legisladores aprobaron en primer debate una iniciativa para que se impida el uso del brazalete electrónico en los casos de delitos en los que se usen armas.
Se trata del proyecto 25.158, que fue presentado por el diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, y restablece una prohibición que, según el legislador, se eliminó por error en una ley anterior.
El objetivo de la iniciativa es que aquellas personas condenadas a prisión por cometer un delito en el que se usó algún tipo de arma, sea de fuego, arma blanca o incluso un objeto contundente, no tengan la posibilidad de recibir el beneficio de casa por cárcel usando el brazalete.
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“Restituir la incompatibilidad legal del brazalete electrónico en delitos cometidos con armas de fuego es un paso imprescindible en la construcción de una política penal efectiva, disuasoria, protectora y coherente con los intereses fundacionales de paz, confianza y desarrollo del país”, detalla el texto.
Mociones rechazadas
Pero no todos los diputados estuvieron de acuerdo con la totalidad del proyecto.
El plan enfrentó mociones de las diputadas Priscila Vindas, del Frente Amplio (FA), Gloria Navas, independiente, y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes mantenían el criterio de limitar este beneficio para personas que utilizaron armas de fuego o punzocortantes, pero dudaban de extender la prohibición para casos de armas contundentes. Dichas mociones fueron rechazadas.
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La iniciativa modifica el inciso 2 del artículo 157 bis del Código Penal. Ese artículo detalla para qué es el beneficio del brazalete electrónico y el inciso modificado añade las armas como parte de las excepciones para obtenerlo.
“2- Que no sea por delitos que califiquen como delincuencia organizada, ni delitos sexuales contra personas menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego, armas contundentes o armas punzocortantes, ni en los delitos contemplados en los artículos 59 y 74 de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998”.
El proyecto se votará en segundo debate el próximo martes 7 de abril.
