Si usted tiene deudas con algún banco, le tenemos noticias y no son precisamente las mejores.
Si usted hace un esfuerzo enorme, ahorra un dinerito o aprovechó que el dólar está bajito y quiere ir al banco a pagar su préstamo por adelantado, lo lógico sería que lo recibieran con los brazos abiertos, pero muchas veces le cobran una multa o comisión por hacer pagos adelantados.
Precisamente, en 2022, el exdiputado liberacionista Francisco Nicolás presentó un proyecto de ley para acabar con este dolor de cabeza y darle un respiro al deudor costarricense.
¿Qué buscaba este proyecto de ley?
El proyecto proponía que, tras pagar apenas dos mensualidades, ningún acreedor pudiera cobrar a los deudores comisiones, tasas o cargos financieros por anticipar el pago de su crédito.
Además, protegía a los usuarios de esos temidos reajustes de cuotas sin su consentimiento. Y si se llegaba a renegociar la deuda, obligaba a que todo el dinero de intereses ya pagado se tomara en cuenta.
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En palabras sencillas: prohibía que las entidades financieras reiniciaran la deuda como si fuera un crédito totalmente nuevo, algo que ahoga a muchas familias.
Lamentablemente, en la Asamblea Legislativa los proyectos tienen fecha de caducidad. Si en cuatro años no se aprueban, mueren, a menos que los diputados voten una moción de plazo cuatrienal para darles más tiempo.
La semana pasada, este tema se votó en la Comisión de Asuntos Hacendarios y los diputados oficialistas votaron en contra de renovarle el plazo, por lo que el proyecto quedó completamente sepultado.
Una oportunidad perdida para los deudores
Para entender bien qué nos perdimos, en La Teja conversamos con el economista Fernando Rodríguez, quien fue muy claro: esto era algo bueno para la gente.
“En momentos en que la gente ha asumido deudas en el pasado a tasas más elevadas o deudas en dólares, que ahora con el tipo de cambio bajo, podrían pagar de forma anticipada, ganarse eso era fundamental”, explicó el experto.
El experto recordó que cuando se paga antes de tiempo, la entidad financiera puede agarrar esa plata y volverla a prestar. Si después de eso cobran a los usuarios un recargo, obtienen un beneficio adicional.
“Beneficia evidentemente a las entidades financieras, pero a los deudores los deja sin un instrumento que pudo haberles ayudado. Los deudores perdimos una oportunidad para abaratar nuestras cargas financieras”, lamentó Rodríguez.
¿Qué dice el oficialismo?
Le consultamos al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialismo, por qué decidieron enterrar esta iniciativa que sonaba tan bien.
Según el legislador, si aprobaban esto, iba a salir más caro el caldo que los huevos.
“Este proyecto lo que haría es encarecer el crédito y limitar el acceso a este, como ocurrió con la Ley de Usura”, justificó.
Acosta aseguró que cuando un banco presta plata, ya tiene programados sus flujos y rendimientos en el tiempo. Si se mete una cláusula de este tipo, se descalabran por completo sus proyecciones de dinero.
“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esto no favorece al que solicita el crédito”, concluyó el legislador.


