EscucharPara nadie es un secreto que el Estado gasta una millonada en alquileres por tener sus oficinas por todo lado, muchas veces en condiciones deplorables.
Desde la administración pasada se viene hablando de una posible solución a este tema y es el proyecto de Ciudad Gobierno; sin embargo, los intentos del Gobierno anterior por sacar adelante la iniciativa chocaron con pared porque la forma en la que se pretendía llevar a cabo la construcción contradecía la ley.
Hace unos días les contamos que la presidenta Laura Fernández presentó un nuevo proyecto de ley con el que intentará construir Ciudad Gobierno.
Eso generó muchas dudas en el Congreso porque en la corriente legislativa ya hay un proyecto más avanzado sobre el tema. Los diputados de oposición cuestionaron que la mandataria haya presentado una iniciativa nueva en lugar de apoyar la que ya existe.
Para entender si de verdad este nuevo texto tiene futuro, acudimos al abogado Christian Campos, quien es experto en temas de contratación pública.
¿Tropezaremos de nuevo con la misma piedra?
Muchos ticos se preguntan si este nuevo intento terminará igual que los anteriores, cuando la Contraloría General de la República frenó la idea porque se pretendía hacer una contratación directa sin los procedimientos normales.
Christian explica que este nuevo plan cambia la estrategia. Ahora se busca hacer a través de un contrato de empréstito (un préstamo internacional) directo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“No es un camino nuevo, es un camino que con alguna frecuencia llega a la Asamblea Legislativa con el BID, el BCIE o el Fondo Monetario. Es un contrato que firma el Gobierno y que, como lo dice la Constitución, tiene que ser respaldado por la Asamblea”, nos detalló el especialista.
Un escudo para garantizar la transparencia
Lo que más le llama la atención a Campos es que este nuevo texto viene mucho mejor “pensado”. A diferencia de intentos pasados, el proyecto de Ciudad Gobierno deja claro que se deben aplicar todos los principios de la contratación pública, como la igualdad y la transparencia.
Además, el experto resalta que el plan ahora incluye un régimen recursivo. ¿Qué significa esto? Que si alguna empresa o entidad siente que el proceso está amañado o mal hecho, tendrá todo el derecho legal de apelar y pedir que se revise el caso.
“Eso es la garantía de poder revisar los pliegos de condiciones y los actos finales de adjudicación. Antes (en los proyectos de ley anteriores) eso no estaba tan claro y era un poco la preocupación”, explicó.
¿Y qué pasará con la Contraloría?
El proyecto de ley propone que las instituciones públicas le otorguen al BCIE el derecho de uso sobre terrenos del Estado por un máximo de 50 años, para que el banco construya y luego le alquile los edificios al Gobierno.
Aunque la figura del arrendamiento suene extraña, Christian recuerda que es un modelo común para que quien invierte recupere su plata, parecido a lo que pasa con las concesiones de carreteras.
En este nuevo texto, la Contraloría sí tendrá la última palabra. El texto oficial indica que el contrato final estará sujeto al refrendo (visto bueno) del órgano contralor.
Si en el camino hubo alguna “metida de pata” o inconsistencia, la Contraloría podrá frenar todo.
“Eso es muy valioso (...) Siento que hay más pensamiento en línea de entender que el país necesita proyectos importantes, pero ahí están los controles”, concluyó el abogado.
Economistas reconocen la importancia del proyecto
El economista Leiner Vargas reconoce la importancia que tiene este proyecto para el país.
Él asegura que actualmente el Estado tiene sus oficinas muy dispersas. Al unirlas, el país lograría un ahorro sistemático gigante, no solo en espacio físico y alquileres, sino al lograr integrar todo el sistema público.
Para el experto, uno de los peores males de Costa Rica es la mala coordinación institucional. A veces, en una misma institución ni saben qué hace el compañero de la otra oficina.
Por eso, si Ciudad Gobierno logra integrar al sector público y agilizar los trámites en línea, sería una excelente idea. Eso sí, advierte que los edificios bonitos no hacen magia solos: el país ocupa verdaderas reformas administrativas.
Por su parte, el también economista Fernando Rodríguez también aplaude el concepto y cree firmemente que vale la pena empujarlo. Incluso, dice que le daría un empujón enorme al desarrollo inmobiliario en San José.
Sin embargo, lanzó una advertencia importante sobre cómo se está manejando el tema a nivel político, pues recuerda que desde el inicio se optó por una figura que “enredó un poco las cosas”.
Rodríguez insiste en que, aunque la obra es muy positiva, esto no justifica cualquier forma de desarrollarla. Pide que se abra un mecanismo verdaderamente competitivo donde varios interesados puedan participar.
El experto fue contundente: no se deben sacrificar los controles de la contratación pública solo por querer sacar rápido el proyecto.
