EscucharLaura Fernández, presidenta de la República, presentó un proyecto de ley que tiene una buena intención, pero que, según los expertos, podría generar un fuerte golpe al bolsillo de los costarricenses que necesitan hacer préstamos o endeudarse para comprar artículos como electrodomésticos.
Fernández anunció el miércoles en conferencia de prensa que presentaría en el Congreso ocho iniciativas con las que busca mejorar situaciones específicas; una de ellas se llama “Ley para la determinación de las tasas máximas de interés aplicables para las operaciones de crédito” y ha generado muchas dudas en la población y críticas entre los que saben de economía.
Fernández dice que para muchas personas acceder a un crédito es misión imposible, lo que impulsó los préstamos gota a gota y culpa a la Ley de Usura; por eso busca cambios con el fin de que las entidades bancarias y comercios otorguen más soluciones financieras a los costarricenses, pero ¿a qué costo?
¿Qué busca exactamente este proyecto?
Según la iniciativa, el Gobierno argumenta que la actual Ley de Usura dejó por fuera de los créditos formales a mucha gente vulnerable, como jefas de hogar y trabajadores independientes.
Ellos señalan que, al no poder pedir prestado en un banco, muchas personas se vieron empujadas a caer en las garras de los peligrosos préstamos informales gota a gota.
Por eso, la propuesta plantea eliminar el tope fijo que existe actualmente en la ley para que las entidades y comercios establezcan los topes de intereses, y pasarle la bola a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
La idea es que estas entidades sean las encargadas de definir y calcular, año con año, cuál será la Tasa Máxima Aplicable para los diferentes tipos de créditos, usando una metodología técnica.
Para lograr esto, el proyecto propone eliminar el artículo 36 bis de la Ley 7472, que es el que actualmente nos defiende de los cobros abusivos con topes fijos.
“Es borrar con el codo lo que se hizo bien”
Aunque en el papel suena a que buscan ayudar, los que de verdad saben de números advierten que este cambio sería muy peligroso para los bolsillos de los ciudadanos.
El economista Leiner Vargas fue muy claro. Él reconoce el problema del gota a gota, pero asegura que la regulación de la usura que se hizo hace unos años trajo mucha seguridad al mercado.
Vargas nos recordó que, apenas se aprobó la regulación actual, la tasa promedio de interés cayó más de 10 puntos porcentuales. Un respiro gigante para miles de ticos.
Además, le puso un freno a esos negocios de electrodomésticos que se aprovechaban de las familias más humildes, cobrando tasas tan exageradas que multiplicaban por cinco o por diez el precio real de una refri o una cocina, pero la modificación que propone el Gobierno podría devolvernos a eso otra vez.
“Retomar este tema como lo hace este proyecto, me parece que es un retroceso en materia de regulación económica y de política pública”, explicó Leiner con gran preocupación.
Para él, aprobar esto sería “borrar con el codo lo que se hizo bien con la mano hace alrededor de unos seis años”.
Cero beneficios para el pueblo
El economista Fernando Rodríguez coincide con Vargas y fue directo al grano al analizar las intenciones de este nuevo expediente.
“Es malo para los usuarios; eliminar la limitación en el cobro abusivo de intereses no va a producir ningún beneficio para la población”, sentenció el experto.
El subir la tasa Tasa Máxima Aplicable, que es lo que se pretende con el proyecto de ley del Gobierno, le daría a las entidades y comercios la libertad de establecer tasas de interés mucho más altas.
Eso haría que, si ya de por sí comprar un celular, una pantalla, una lavadora o una cocina a crédito representa al final pagar mucho más que si hubiera comprado el artículo a contado, con el cambio en la tasa de interés la diferencia sea aún mucho más grande, lo que es una injusticia para la gente pulseadora que no tiene otra opción para comprarse las cosas que acudir a los créditos.
