Si usted todavía está asombrado por las declaraciones de la presidenta Laura Fernández al asegurar que el Poder Judicial le dio un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, le aseguramos que no es el único. Es más, fuera de las fronteras debe de haber más de uno con un enredo en la cabeza.
Y es que bueno, está más que claro que pese a las declaraciones de Fernández, en el país no se dio ningún golpe de Estado. Lo que pasa es que el oficialismo está en contra de un fallo de la Sala Constitucional que obliga a los diputados de Pueblo Soberano a elegir los magistrados suplentes cuyos nombramientos ya vencieron, algo que los legisladores llevan meses entrabando.
Para entender las consecuencias que estas palabras podrían tener a escala internacional, conversamos con el experto en relaciones internacionales, Carlos Murillo, quien nos explicó el tremendo daño que esto le hace a Costa Rica.
Una jugada para confundir a los ticos
Según explica el especialista, todo este alboroto tiene un nombre: posverdad. ¿Qué significa esto? Básicamente, es un intento de crear muchísima confusión en la población utilizando conceptos muy delicados.
El experto es directo y asegura que tanto el Poder Ejecutivo como la presidenta legislativa, Yara Jiménez, saben perfectamente que aquí no hay ningún golpe de Estado ni ha habido prevaricato, como lo asegura Jiménez en la querella que presentó este lunes en los Tribunales de Justicia.
Murillo recuerda que no es la primera vez que la Sala Constitucional toma resoluciones de este tipo, pues ya lo hizo en 2003.
Golpe a la imagen del país
Para el experto, estas declaraciones causan un grave daño a la imagen de Costa Rica, un país que desde mediados del siglo pasado ha sido un ejemplo mundial de Estado de derecho, paz y separación de poderes.
El experto advierte que en los países que sí han sufrido verdaderos golpes de Estado, se estarán preguntando si nuestro Gobierno de verdad entiende qué significa esa palabra.
Incluso resalta que a nivel internacional les llamará muchísimo la atención que la presidenta, siendo politóloga de formación, no tenga idea de lo que realmente implica un golpe de esta magnitud.
Murillo lo pone en términos muy sencillos: si aquí hubiera ocurrido un golpe de Estado judicial contra los diputados, la Asamblea Legislativa hoy no podría ni siquiera operar, porque habría sido suspendida o desmantelada por completo.
Lamentablemente, todo este episodio viene a sumarse a otros hechos recientes que, mes a mes, deterioran el reconocimiento mundial que Costa Rica ha cuidado por muchas décadas.
Finalmente, Carlos cuenta algo que se vive a puerta cerrada: en el mundo diplomático, las embajadas y cancillerías lo van a tener muy feo para dar explicaciones.
A los diplomáticos acreditados en nuestro país les va a costar muchísimo responder a las consultas de sus gobiernos. Tendrán que hacer malabares para explicar cómo es que se habla de un supuesto golpe de Estado, pero todo sigue con normalidad y los diputados siguen trabajando tranquilos.


