Escuchar¡Definitivamente, hablando se entiende la gente! Los diputados de todas las fracciones políticas llegaron a un acuerdo y aprobaron en primer debate un proyecto de ley relacionado con la minería ilegal que estaba haciendo fila en el Congreso desde la administración pasada y que le urge al país.
La iniciativa declara la minería ilegal una actividad de crimen organizado y le impone sanciones mucho más severas que las que la ley contempla actualmente.
Para que se haga una idea de cómo cambia la cosa, en este momento las penas para quienes cometen este delito en parques nacionales o áreas protegidas van desde los tres meses hasta los cinco años de cárcel.
Pero con esta nueva iniciativa, la historia es otra. Si se comprueba que el delito fue cometido por un grupo estructurado (de dos o más personas) que se organizó para hacer este daño, las penas pasarán a ser de tres a seis años de cárcel.
El acuerdo político detrás del proyecto
Este proyecto de ley estaba trabado en el Congreso porque, aunque los diputados de la administración pasada sabían que era importante, no había un buen ambiente político para su aprobación.
Entonces, ¿cómo se logró este avance? Pues los diputados actuales tuvieron una intensa negociación relacionada con el famoso tema de la minería en Crucitas y lograron ponerse de acuerdo.
Este proyecto fue impulsado por la fracción del Frente Amplio (FA). Según explicó su jefe, José María Villalta, la fracción llegó a un acuerdo con el Gobierno y el partido Pueblo Soberano (PPSO).
El trato fue el siguiente: el Poder Ejecutivo convocó este proyecto para subir las penas y, a cambio, se retiraron cerca de 72 mociones que habían sido presentadas contra otra iniciativa impulsada por el Gobierno, que busca legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas.
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Ajustes en camino
Como parte de este acuerdo, el proyecto de castigos se retrotraerá, es decir, se devolverá al trámite legislativo para que se le hagan algunos cambios.
La idea es que el texto quede en sintonía con una propuesta muy similar que presentó este lunes la presidenta de la República, Laura Fernández, quien también busca perseguir esta práctica con todo el peso de la ley.
Muchas personas criticaron que la mandataria presentara una nueva iniciativa cuando ya en la Asamblea Legislativa había una que tenía el mismo fin. Lo más lógico era que se le diera trámite a la que ya estaba avanzada y, si había que hacerle cambios, se le presentaran mociones, tal y como ocurrió ahora.
¡Las tortugas también salen ganando!
Pero hay más buenas noticias. Esta ley no solo castigará a los que buscan oro de forma ilegal.
La declaratoria de crimen organizado también se aplicará a otros delitos ambientales como la matanza, cacería, captura o comercio de tortugas marinas.
Además, se incluye la pesca de especies marinas y silvestres que están protegidas.
