El Poder Ejecutivo puso en la mesa de la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley que buscan reformar la manera en que los trabajadores acceden a su Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC) al jubilarse.
Las dos iniciativas fueron convocados en sesiones extraordinarias y tienen un objetivo común: permitir el retiro total de los fondos ahorrados en el ROPC y entregarlos “en el menor tiempo posible”.
Se trata de los expedientes 24.984, de la diputada oficialista Ada Acuña, y 24.955, del independiente Gilberth Jiménez. Ambos legisladores han presionado para que estos textos avancen antes del inicio del receso legislativo.
El “vacío” legal que quieren llenar
Actualmente, las personas que se pensionaron después del 1.° de enero de 2021 solo pueden retirar estos fondos en rentas temporales, lo que significa que el dinero acumulado se les entrega en pagos mensuales a lo largo de muchos años, un proceso que los ciudadanos consideran ineficiente.
El proyecto de Gilberth Jiménez es el más radical:
- Busca que todos los trabajadores que se pensionen o tengan edad de pensión, sin importar la fecha en que accedan a la jubilación, puedan retirar el total de su ROPC en un solo acto.
La propuesta que “privilegia a los ricos”
El proyecto de la diputada Ada Acuña (24.984) es más detallado y ha generado una fuerte polémica porque, según sus opositores, privilegia a la población de más ingresos.
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La propuesta de Acuña plantea dos modalidades de retiro, dependiendo del nivel de pensión:
- Renta temporal complementaria máxima (para los de menores ingresos): Si la pensión del IVM es inferior a ¢929.000 (el salario mínimo exento de impuestos), la persona recibiría un complemento mensual del ROPC a su pensión del IVM máximo de ¢1.316.062 hasta completar el monto disponible.
- Retiro total de los fondos (para los de mayores ingresos): Si la pensión del IVM es igual o superior a ¢929.000, la persona podría hacer el retiro total del ROPC de forma inmediata.
Esta segunda modalidad, que permite el retiro total solo a quienes tienen una pensión más alta, desató la crítica de las entidades que administran los fondos.
La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (Acop), Vida Plena y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), se manifestaron en contra.
“El proyecto no corrige desigualdades, sino que las institucionaliza, generando un sistema en el que los trabajadores con más recursos pueden disponer libremente de su ahorro, mientras que los de menores ingresos no lo pueden hacer” – Acop, en un oficio a los diputados.
La diputada Acuña se defiende indicando que las Operadoras y la Supen actúan de forma paternalista y creen que las personas no son capaces de administrar sus propios recursos.
Lo que viene en la Asamblea
Los dos expedientes se encuentran actualmente en la Comisión de Asuntos Sociales. La próxima semana, antes de que los diputados salgan a vacaciones el 19 de diciembre, se espera que reciban textos sustitutivos para pulir detalles e incorporar observaciones de los distintos sectores.
Los legisladores regresarán a sus labores el 12 de enero de 2026 para el cierre de las sesiones extraordinarias.



