EscucharEl proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa y tiene como fin subir las tarifas de las frecuencias de radio y televisión fue sometido a un proceso importante.
La iniciativa se votó en primer debate el 27 de agosto pasado y estaba pendiente la votación en segundo debate, pero el trámite quedó suspendido debido a que la propuesta fue enviada a consulta a la Sala Constitucional.
La gestión lleva la firma de once diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), y cuenta además con el apoyo de Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
¿Por qué frenaron el proyecto de ley?
A finales de julio ya se habían presentado dudas sobre esta reforma a la vieja Ley de Radio de 1954, pero un acuerdo entre los legisladores de oposición y el oficialismo las frenó. Negociaron para hacerle cambios y así fue como llegó a la votación en primer debate.
Sin embargo, ahora los diputados de oposición decidieron que es mejor prevenir que lamentar y mandaron el texto a los magistrados.
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Álvaro Ramírez, jefe de bancada del PLN, aclaró que ellos sí están a favor de que se actualicen esos cobros, pero con mucho cuidado.
El diputado enfatizó en que estos cambios no pueden asfixiar a los medios. La idea es garantizar la continuidad del servicio, para que todos los ticos que usan televisión abierta y radio sigan recibiendo la señal sin problemas a futuro.
“Reglas claras contra ataques políticos”
Ramírez señaló que la prioridad número uno es darle seguridad jurídica a la iniciativa y blindarla por todo lado antes de darle el último empujón en su segundo debate.
“El canon debe ser razonable. Las empresas deben poder pagarlo y las reglas deben ser claras para que no haya ningún tipo de ataque del poder político”, manifestó el liberacionista.
¿Cómo quedarían los cobros?
Según se detalla en el proyecto de ley que está en trámite, el cobro que se pretende implementar no sería parejo para todos. Se usarán diferentes tarifas dependiendo de las ganancias que tengan las empresas al año, usando como base el salario de un “Administrador 1” del Servicio Civil, que es de ¢470.401.
Si una televisora o radio genera ¢61,1 millones al año por el uso de la frecuencia, quedará exonerada. Pero si pasa de ahí, tendrá que pagar y el porcentaje empezará a subir según sus ganancias.
Por ejemplo, los canales de televisión que tengan ganancias anuales entre los ¢61,1 millones y los ¢101,6 millones tendrán que pagar el 4,39 % sobre el excedente de los ¢61 millones.
Ahora bien, si las ganancias anuales son entre los ¢101,6 millones y los ¢610,5 millones, el porcentaje a pagar será de 6,17% sobre el excedente de los ¢101,6 millones.
Si el canal llega a tener ganancias de ¢610,5 millones anuales o más, pagaría un 7,73% sobre el excedente. En el caso de las emisoras de radio más grandes, el cobro sería del 3,13% sobre ese mismo excedente.
¿Qué pasará con las emisoras religiosas y culturales?
Para los medios religiosos sin fines de lucro, el proyecto los dejaría libres de pago en sus primeros ¢61,1 millones de ingresos comerciales. Además, las ofrendas y donaciones no contarían para ese cálculo.
Sin embargo, el cobro sí obligará a los medios comerciales a llevar una contabilidad separada, ya que el canon solo se aplica a lo ganado en señal abierta y no en plataformas digitales ni de cable.
Multas fuertes y hasta pérdida de permisos
El proyecto no solo habla del canon, sino que también explica consecuencias graves en casos específicos. Si los medios cometen faltas como transmitir menos de 12 horas diarias sin justificación o atrasarse con los pagos, se exponen a multas que van desde los ¢2,3 millones hasta el 1% de sus ingresos.
En casos de infracciones muy graves, el Estado podría revocarles la frecuencia y dejarlos sin poder pedir otra entre tres y cinco años.
El Poder Ejecutivo podría rescatar una concesión por “interés público” en casos muy excepcionales. Eso sí, el texto aclara que esto jamás podrá usarse para afectar la libertad de expresión ni la independencia de los medios.
