EscucharCosta Rica ha dado un paso muy importante para proteger a las mujeres de una de las formas de agresión más silenciosas y perversas: la sumisión química, es decir, cuando las drogan para cometer delitos sexuales contra ellas.
A partir de ahora, utilizar drogas o sustancias psicoactivas para anular la voluntad de una persona y violarla será castigado con penas de hasta 18 años de cárcel.
La diputada Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien propuso el proyecto de ley, celebró la aprobación del expediente 24.367, asegurando que este cambio no es un simple tecnicismo, sino un acto de justicia para miles de víctimas que por años fueron cuestionadas o ignoradas.
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Penas más severas: entre 12 y 18 años de prisión
Con esta reforma, el Código Penal ahora establece la violación calificada cuando el agresor suministre sustancias para alterar la conciencia o la capacidad física de la víctima.
El agresor enfrentará penas entre los 12 y los 18 años de cárcel.
Bajo la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la pena se incrementará en un tercio si se comprueba el uso de estas sustancias para anular la voluntad, incluso si la víctima parece haberlas consumido “voluntariamente” al inicio.
“La voluntad no se droga”
La legisladora Ruiz fue enfática en que drogar a una mujer para violentarla busca convertirla en un objeto, eliminando su capacidad de decir “no”.
“Esto no es una circunstancia más, es una forma particularmente grave de agresión. Lo hicimos por las que ya no están, por las que sobrevivieron en silencio y por las que siguen exigiendo justicia.
“Desde hoy la ley es clara: la voluntad no se droga y la dignidad avanza”, manifestó la legisladora.
Históricamente, muchos casos de violación donde mediaba el alcohol o las drogas eran difíciles de juzgar porque se cuestionaba la “resistencia” de la víctima.
Esta nueva ley elimina esa zona gris y pone el foco en la acción delictiva del agresor de usar químicos para someter a otra persona.
Esta reforma llega en un momento clave para el país, donde las denuncias por agresiones en bares o fiestas han ido en aumento, enviando un mensaje claro a los depredadores: el uso de sustancias para abusar ya tiene un castigo ejemplar.
