EscucharEl gobierno de Rodrigo Chaves está vinculado con la declaración de seguridad y la creación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina.
La iniciativa fue firmada este sábado por varios países de la región en un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que también participó el mandatario tico.
La noticia le causó un enorme disgusto al Partido Liberación Nacional (PLN) y por eso el secretario de la agrupación tomó acciones.
Miguel Guillén acudió a la Sala Constitucional para intentar frenar lo que considera una violación directa a nuestra esencia pacifista. Él presentó una acción de inconstitucionalidad.
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“La lucha contra el crimen organizado es necesaria, pero no puede justificar que el país sea incorporado, por decisión unilateral del Ejecutivo, a esquemas de cooperación militar incompatibles con nuestro orden constitucional”, expresó Guillén.
¿Paz a través de la fuerza?
Aunque aún no se tiene la certeza de si Chaves firmó la declaratoria, los actos con los que Guillén está en desacuerdo incluyen la “Declaración Conjunta de Seguridad”, firmada por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el 5 de marzo.
Ahí se declaró la intención de ampliar las relaciones de seguridad y defensa en el hemisferio occidental y promover la doctrina de “paz a través de la fuerza”.
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La denuncia se basa en el Artículo 12 de la Constitución Política, que proscribe (excluye o elimina) el ejército como institución permanente.
Guillén sostiene que el Poder Ejecutivo no puede tomar decisiones unilaterales que comprometan la política de defensa, ya que solo la Asamblea Legislativa tiene el poder de autorizar el ingreso de tropas extranjeras o aprobar tratados internacionales de este calibre.
Todo esto se da solo días después de que un asesor de la presidenta electa, Laura Fernández, mencionara la idea de instalar bases militares estadounidenses en suelo tico.
¿Qué pide el secretario del PLN?
En la solicitud, el secretario de PLN pide que se declaren inconstitucionales y nulos los actos del Poder Ejecutivo en la Cumbre, además de que se declare que Costa Rica no puede integrarse a coaliciones militares internacionales sin autorización constitucional expresa.
También se pide ordenarle al Poder Ejecutivo que realice las gestiones diplomáticas necesarias para aclarar o retirar cualquier manifestación que presente al país como parte de dicha coalición.
