EscucharLa propuesta de la diputada oficialista Marta Esquivel, de quitar de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el Régimen No Contributivo de pensiones y pasarlo al Ministerio de Trabajo, ha generado muchas dudas.
Este régimen es fundamental para las poblaciones vulnerables, ya que atiende a personas en pobreza, principalmente adultos mayores que no lograron cotizar lo suficiente o no cotizaron del todo en su vida laboral para obtener una pensión por vejez.
Las pensiones de este régimen son de un pago mensual de ¢82.000, aguinaldo y la cobertura del seguro de salud de la Caja.
Según explica la propuesta de Esquivel, la idea es que cada institución se concentre en lo que mejor sabe hacer para que el Estado sea más eficiente.
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¿La propuesta es buena o mala para los pensionados?
Para tener un panorama más claro sobre si la propuesta de la legisladora traería beneficios al Régimen No Contributivo de pensiones o si más bien podría tener una afectación negativa, conversamos con dos economistas.
Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, fue muy claro en que no ve necesario hacer un cambio tan fuerte en este tema.
“A lo largo de los años, la administración de este régimen ha estado a cargo de la Caja, que tiene también uno de los principales regímenes de pensiones, que es el Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte, que es en el que cotizamos la mayoría de trabajadores formales.
“El trasladar este régimen de pensiones al Ministerio de Trabajo es básicamente cambiarle la lógica, el sentido a la Caja del Seguro Social, que se ha ocupado de atender a los adultos mayores tanto en relación con el tema de seguridad, enfermedad y maternidad, como en el tema de pensiones.
Se corre un gran riesgo
Don Leiner advierte que pasar la administración de este dinero al Ministerio de Trabajo es muy riesgoso, porque podría convertir el sistema en un botín político.
Al tratarse de un ministerio dirigido por el gobierno de turno, las pensiones podrían usarse como un esquema clientelista para ganar simpatías o favores políticos.
En cambio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una institución mucho más autónoma. Sus decisiones no dependen del gobierno de turno.
Para el experto, esta propuesta no suma y más bien nos aleja de la idea de tener un sistema integrado, donde la Caja siga cuidando la salud y las pensiones de las personas mayores para que no caigan en pobreza o abandono.
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¿Para qué cambiar algo que ya funciona bien?
Por su parte, el economista Fernando Rodríguez, de entrada, se hizo una pregunta muy válida y directa: ¿cuál es la verdadera justificación para hacer un cambio a algo que está funcionando bien?
Rodríguez explicó algo clave que muchos no saben: el Ministerio de Trabajo es un creador de políticas, pero en la práctica no ejecuta medidas de ayuda social de forma directa.
Darle esta responsabilidad tan enorme implicaría obligarlos a gastar más recursos y hacer ajustes a los que simplemente no están acostumbrados.
El experto señala que la Seguridad Social ya tiene toda la información necesaria para controlar a quién se le da la plata. Cuando un adulto mayor va a cita médica, también recibe seguimiento de trabajo social.
Toda esa información valiosa que tiene la Caja se puede cruzar fácilmente con los datos del Sinirube del IMAS (base de datos de las personas que viven en pobreza). Esto permite encontrar y ayudar a los beneficiarios de mejor manera y con un seguimiento más estricto.
Para don Fernando, la receta ideal es fortalecer el trabajo que hoy hace la CCSS en lugar de pasárselo a otro ministerio.
“En ese sentido, es mejor fortalecer el trabajo que hace hoy la Caja que trasladar este régimen de pensiones a otro ministerio que no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Entonces.
“Yo no veo razón para hacer ese cambio, no entiendo cuál es la finalidad y me preocupa más bien que esto vaya a generar una desprotección de las personas que reciben ayuda o aquellos que pueden ser beneficiarios el día de mañana, y generar problemas para cumplir con la demanda de la población”, argumentó el experto.
El cambio tardaría un año
La propuesta de la diputada establece que, en caso de aprobarse el cambio, se daría un periodo de transición de hasta doce meses para completar el traslado de funciones.
Durante todo ese año de cambio, la Caja seguiría administrando el régimen como lo hace hasta ahora. Eso aseguraría el pago oportuno de las pensiones.
Para hacer efectivo el traslado, el proyecto reformaría varias leyes relacionadas con el financiamiento del Régimen No Contributivo, entre ellas la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), la Ley de la Junta de Protección Social, el Código de Trabajo y otras normas que regulan los recursos destinados a estas pensiones.
