EscucharUna nueva iniciativa de ley busca ponerles freno a quienes hacen negocio a costa del sufrimiento de los animales.
La propuesta pretende actualizar las reglas para que el bienestar de las mascotas sea una verdadera obligación para el Estado.
El proyecto de ley fue presentado por la fracción del Frente Amplio y tiene como fin hacer una Reforma Integral a la Ley de Bienestar de los Animales (el expediente #25.645).
El objetivo de la iniciativa es dejar en claro que los animales son seres sintientes; es decir, que tienen derecho al buen trato, respeto y protección.
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Es hora de actualizar las reglas
Como bien lo explicó la diputada María Eugenia Román, las mascotas no son objetos, sino seres capaces de sentir dolor, miedo y angustia. El problema es que la ley actual que los protege tiene más de tres décadas de no actualizarse a esta realidad tan importante.
Este nuevo proyecto también viene a poner orden para regular, de manera mucho más efectiva, la reproducción forzada de animales que se hace con fines lucrativos.
Además, le pondría freno a la exhibición irresponsable de animalitos en condiciones que afecten su salud y dejará bien claras las obligaciones que deben cumplir los albergues y las casas cuna.
Una triste realidad que hay que frenar
Hay datos crueles que dejan claro la urgencia de hacer estos cambios en la ley. Solo en el año 2019, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) registró la lamentable cifra de 6.244 denuncias por tenencia irresponsable.
En esa lista de quejas hay casos de dueños que dejaron a los animalitos sin agua y comida. También se reportaron criaderos ilegales y personas acumuladoras de animales.
Además, se denunciaron casos de perros agresivos y de animales enfermos sin recibir atención.
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Fuertes castigos al bolsillo de los maltratadores
Para que las personas entiendan que con los animalitos no se juega, el proyecto fortalece los castigos y clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.
Para los casos más severos de maltrato, las multas podrían llegar hasta los cincuenta salarios base (unos ¢23 millones).
Y lo mejor de todo es que esa platita recaudada de las multas no se va a perder. Todo ese dinero se usará para fortalecer la capacidad técnica, operativa y administrativa de Senasa, que sería la institución encargada de aplicar esta ley.
La diputada Román detalló que buscan que esta sea una ley de consenso, trabajada mano a mano con veterinarios, municipalidades, organizaciones y la ciudadanía.
El gran sueño es que el bienestar animal deje de depender de la buena voluntad y sea una obligación real del Estado.
