EscucharLa fracción del Frente Amplio presentó un proyecto de ley, que busca permitir que el Estado costarricense pueda quedarse con los bienes y activos de personas extraditadas y condenadas en el extranjero, siempre y cuando estén relacionados con los delitos por los cuales fueron solicitadas.
La iniciativa fue elaborada en el despacho de la diputada Priscilla Vindas y plantea un proceso más rápido y directo para que el país recupere bienes usados o adquiridos mediante actividades ilegales.
¿Cómo funcionaría la propuesta?
El proyecto señala que, desde el momento en que una orden de extradición quede en firme, un juez podrá decomisar de forma preventiva todos los bienes de la persona extraditada que estén en Costa Rica, siempre que estén bajo jurisdicción nacional.
Esto incluye bienes muebles e inmuebles, fondos, cuentas bancarias y cualquier otro activo, pero únicamente si existe relación con los hechos delictivos por los cuales se solicitó la extradición.
Cuando la persona ya tenga una condena en firme en el país que la juzgó, un juez costarricense podrá ordenar el comiso definitivo de esos bienes sin necesidad de abrir un nuevo proceso.
¿Para qué se usarán esos bienes?
Según el texto, todos los bienes que el Estado recupere —así como sus rendimientos— serán destinados a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta Costa Rica.
El proyecto también establece que, si la sentencia final es absolutoria, el Estado deberá hacer la devolución inmediata de todos los bienes que fueron decomisados durante el proceso.
El expediente iniciará su trámite legislativo y deberá ser analizado por una comisión antes de avanzar al plenario.
