EscucharServir de fiador es casi un acto de fe. Quienes aceptan echarse esa responsabilidad encima lo hacen por cariño, para ayudar a un hijo a estudiar, alquilar una casa o a un amigo a emprender, pero lo hacen confiando en que su conocido podrá hacer frente a la deuda hasta el final.
Sin embargo, lamentablemente, muchas veces esa buena voluntad termina en un verdadero dolor de cabeza. En la legislación actual, la persona que sirve como fiadora queda desprotegida en muchos aspectos.
Pensando en las injusticias que viven muchos fiadores, la diputada liberacionista Janice Sandí Morales presentó el proyecto de ley bajo el expediente 25.828.
Ahora sí habrá un aviso a tiempo
Actualmente, muchas personas se enteran de que el deudor dejó de pagar cuando la cuenta ya está por las nubes, acumulando terribles intereses moratorios y gastos de cobro.
Para frenar este abuso, la nueva ley obligará a las entidades acreedoras a entregarle por escrito absolutamente toda la información sobre el crédito, los plazos y los intereses, tanto al deudor principal como al fiador.
Además, los bancos tendrán la obligación de informarle al fiador en un plazo máximo de 10 días hábiles si el deudor principal se atrasa con su primer pago. Ya no lo agarrarán por sorpresa.
¡Primero le cobran al deudor!
Otro gran beneficio de esta propuesta es la creación de una figura legal llamada beneficio de excusión. ¿Qué significa eso?
Significa que el acreedor deberá intentar cobrarle primero al deudor principal antes de ir detrás del patrimonio del fiador.
En otras palabras, usted no deberá responder por esa deuda hasta que la entidad financiera tenga absolutamente concluidos todos los trámites posibles sobre los bienes y cuentas del verdadero deudor.
Adiós a las manchas eternas en su crédito
Sabemos que cargar con una deuda ajena le arruina el historial crediticio a cualquiera. Por eso, el proyecto trae otra excelente noticia para limpiar su récord.
La iniciativa plantea unificar en cuatro años el plazo máximo para que su nombre aparezca con esa “mancha” negativa, tanto en el centro de información de la SUGEF como en las instituciones de crédito privadas.
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Esto evitará que una afectación por una obligación ajena le arruine la vida financiera hasta por una década. Además, obliga a actualizar sus datos apenas se cancele la obligación.
Un acto de solidaridad, no un castigo
El proyecto también prohíbe que le cambien o amplíen las condiciones del préstamo a sus espaldas, es decir, sin su consentimiento expreso.
La legisladora asegura que el objetivo no es ponerle más trabas a los créditos, sino equilibrar las responsabilidades y brindar seguridad jurídica a todas las partes.
Con esta propuesta, se espera que la solidaridad de ayudar a un ser querido no se convierta en una trampa de incertidumbre económica.
