El novelón político sobre los magistrados suplentes parece no tener fin y cada día se pone más color de hormiga.
Es probable que usted haya escuchado las declaraciones del diputado y jefe de fracción del oficialismo, Nogui Acosta, quien pronunció una frase en Telenoticias que dejó a más de uno con la boca abierta al decir que no iban a acatar los fallos de la Sala Constitucional sobre la elección de magistrados suplentes.
Para entender qué pasaría si de verdad los diputados decidieran desobedecer a los altos jueces, conversamos con el experto y abogado constitucionalista Rubén Hernández. Él nos explicó la gravedad del tema.
Tienen que acatar los fallos, sino sería un verdadero golpe de Estado
Lo primero que dijo Rubén fue que cree que los diputados, en el fondo, no van a cumplir esa amenaza. ¿Por qué? Porque hacer eso implicaría una ruptura del orden constitucional.
“Eso sí sería un golpe de Estado“, advirtió el experto de forma contundente.
Y es que, en un país democrático como el nuestro, que vive bajo un Estado de derecho, las resoluciones de los tribunales no son una sugerencia, sino órdenes que se tienen que respetar, nos guste o no.
El peligro de caer en el caos total
Imagínese usted qué pasaría si los representantes de los poderes del Estado decidieran no hacerle caso a los jueces. Rubén explica que las resoluciones perderían su valor y ya no serían obligatorias (vinculantes).
“Sería el caos total, porque entonces cualquiera podría tomar cualquier medio y simplemente decir que no acata la orden de la Sala Constitucional“, detalló el abogado.
Si los diputados oficialistas cruzaran esa línea y desconocieran la decisión de otro poder de la República, estarían usurpando funciones y se estarían metiendo en un broncón legal. Hernández nos adelantó que esto podría configurar un delito muy serio que se llama sedición.
La Sala IV tiene la última palabra
En Costa Rica, cuando hay un pleito o un conflicto entre los poderes del Estado, la misma Constitución Política dice que la Sala Constitucional es la encargada de resolver la controversia y de determinar quién tiene la razón.
El abogado constitucionalista nos recuerda una regla de oro que a veces a los políticos se les olvida: las decisiones que toman estos magistrados son inapelables.
Esto quiere decir que las resoluciones de la Sala no tienen ningún recurso más allá de lo que la misma Sala dicta. Una vez que la Sala habla, tienen que ser acatadas por todo el mundo, sin peros que valgan.
Desobedecer a los jueces no solo es ilegal, sino que rompería la paz y las reglas con las que todos vivimos.
